Frente al malestar generalizado de la población, la Defensoría del Pueblo bonaerense recurrió a la Justicia Federal platense para presentar un planteo de “nulidad e inconstitucionalidad del cuadro tarifario de luz y gas que se ejecuta en la Provincia. Así lo confirmó en las últimas horas el titular del organismo, Guido Lorenzino, quien además consideró que el esquema actual resulta “confiscatorio”, y dijo esperar “que la Justicia ordene este descalabro”.
“Seas jubilado de la mínima o seas un discapacitado, pagás lo mismo que un usuario de Nordelta, ya que la tarifa social es un título, casi inexistente. El Estado hace 26 meses que ha tomado partido por los más poderosos, con lo cual el Estado no está cumpliendo hoy su rol esencial que es cuidar a los más débiles, a los más desprotegidos”, afirmó Lorenzino.
A todo esto, el Secretario Legal y Técnico de la Defensoría, Diego Beghelini, explicó que el planteo está ahora en manos de Guillermo Ferrara, titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de La Plata. “Le estamos diciendo a los fiscales generales de la Nación, que son los guardianes de los derechos constitucionales y la legalidad en la Argentina, que intervengan en la defensa de los usuarios”, señaló Beghelini, y agregó: “Ahora depende de él impulsar esa acción de defensa de los bonaerenses”.
Desde la Defensoría debieron recurrir a ese instrumento legal debido a que el organismo, desde el año pasado, viene realizando presentaciones en el Justicia Federal que no avanzaron por “falta de legitimación activa”. “Hicimos planteos en la jurisdicción federal pero nos encontramos con la dificultad de que no nos reconocen la capacidad de ser parte en un juicio porque la Corte dice que tenemos jurisdicción provincial”, señaló Beghelini y remarcó que, “es absurdo porque tenemos que defender a los habitantes de la Provincia”.
No obstante, como esa situación demora los procesos judiciales sin resolver la cuestión de fondo, desde el organismo optaron, de un tiempo a esta parte, por seguir dos vías alternativas: una es representar a los usuarios de forma individual, como patrocinantes; la otra, “una denuncia ante el Ministerio Público Federal de La Plata, en materia no penal, planteando la inconstitucional e ilegalidad del marco tarifario de la luz y del gas”, indicó.
Entre otros argumentos, Beghelini resaltó que consideran inconstitucional el esquema tarifario de los servicios porque “no guardan proporcionalidad entre los costos de las empresas y los aumentos aplicados a las tarifas”.
“Tampoco hay razonabilidad tarifaria”, continuó, porque si el fin es que los usuarios cuenten con gas y luz “no puede ser que no lo puedan pagar”. A su vez, en la Defensoría entienden que la aplicación del nuevo cuadro de tarifas tampoco ha sido gradual.
Por su parte, Lorenzino dijo que “si había que actualizar las tarifas, porque supuestamente en 12 años no se hizo, no se puede ahora actualizarlas en dos (años). Ahí hay una falta de proporcionalidad y además hay que mirar que el salario no aumentó en el mismo sentido, y la tarifa social es el otro tema que no existe más, claramente es un título”.
Por otro lado, Beghelini entendió que el cuadro “que no es legal” porque desde este año las actualizaciones tarifarias “serán por vía de ajuste inflacionario, pero el orden público económico prohibe la aplicación de índices para adecuar contratos y tarifas”. Aludía a los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 (que fueron ratificados por la ley 25.561), normativas que aclaran que no puede haber indexación por precios.
Luego aclaró que el planteo pone el acento en la situación de los usuarios residenciales. La presentación fue acompañada por un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el que se advierte que en el Conurbano bonaerense el 70% de los hogares en condiciones de acceder a la tarifa social de gas carecen de ese beneficio.
Un tiempo atrás, precisamente, en la Defensoría habían presentado un informe crítico sobre el nuevo alcance que tendrá la tarifa social del gas y la calificaron como un “engaño” porque no permitirá cubrir el consumo de las familias cuando baje la temperatura.
“Las modificaciones que implementó el Gobierno nacional harán que la tarifa social del gas sea sólo un nombre, un engaño. El porcentaje de consumo al que se aplicará este beneficio ahora no alcanzará para cubrir el consumo que las familias tendrán cuando venga el frío”, precisó por entonces Lorenzino.
Por ello, el jueves pasado, la Defensoría intimó a las empresas distribuidoras de gas natural a que se abstengan de interrumpir la provisión por falta de pago, teniendo en cuenta “el contexto de aumento de tarifas y el cada vez menor beneficio que se puede obtener de la tarifa social”.
