La cadena presentó en el ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis. Es un trámite previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

La reestructuración iniciada por la cadena de supermercados Carrefour a nivel global comenzó a impactar en la Argentina, cuyos directivos presentaron ante el ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis (PPCE).
Ese mecanismo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo debe tramitarse de manera previa a la comunicación de despidos o suspensiones de personal.
Carrefour cuenta en la actualidad con un total de 500 sucursales en la Argentina y alrededor de 20.000 empleados.
De ese total, más de 300 locales pertenecían a la excadena Eki que la firma gala tomó bajo su cargo en 2014.
En un comunicado de prensa, Carrefour expresó que "está atravesando una situación económica compleja tras tres años de pérdidas".
Indicó que "la apertura de este diálogo, junto al Sindicato de Empleados de Comercio y el Gobierno, le permitirá plantear un plan para reimpulsar su crecimiento".
A fines de marzo los trabajadores de la sucursal Paternal tomaron el supermercado ubicado en Warnes 2707, en respuesta a versiones sobre la posibilidad de que la cadena francesa planeaba despedir personal y cerrar locales de venta en varios puntos del país.
A esto se suma que a mediados de enero se anunció el alejamiento de Daniel Fernández como CEO de la compañía, tras estar durante 12 años en el cargo.
En su reemplazo, arribó al país el francés Rami Baitieh, quien desde 2016 se encontraba al frente de Carrefour Taiwán.
La caída en el nivel de consumo se mantiene en los primeros meses de 2018, ya que en enero las ventas de los supermercados reflejaron un retroceso de 3,7 por ciento respecto a igual mes de 2017.
El procedimiento presentado por la empresa está previsto para los casos en los que el empleador planee afectar a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 empleados; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento del personal en compañías de más de 1.000 trabajadores.