Mediante fiscalizaciones satelitales y presenciales realizados en lo que va del año, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires detectó en inmuebles de todo el territorio bonaerense 1.518.892 metros cuadrados construidos que los propietarios nunca habían declarado ante el fisco.
A partir de los procedimientos de verificación y notificación correspondientes, esas construcciones y mejoras fueron regularizadas e incorporadas a los registros catastrales, lo que según ARBA, significará un incremento de $ 53 millones anuales en la recaudación del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado.
Al respecto, el director de ARBA, Gastón Fossati, destacó que "a través de herramientas tecnológicas y operativos de campo pudimos terminar con esta situación de incumplimiento en el Impuesto Inmobiliario", y aseguró que "ahora estos propietarios van a pagar en función de su verdadera capacidad contributiva".
En ese sentido, afirmó que "combatir la evasión y lograr que todos los contribuyentes tributen en igualdad de condiciones profundiza la equidad y nos permite sumar nuevos recursos que la Provincia destina a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".
Mediante un comunicado, ARBA informó que las infracciones catastrales fueron detectadas en alrededor de 6.000 inmuebles de distinto tipo, ya sea edificios, countries, casas, establecimientos comerciales e industriales, complejos recreativos, etc. Además, en algunos casos se trataba de construcciones que estaban declaradas como baldíos; en otros, ampliaciones o mejoras que los dueños habían evitado inscribir ante el fisco para pagar menos impuestos.
Los partidos en donde se detectó la mayor cantidad de metros cuadrados construidos sin declarar fueron Pilar (188.330 m2), Bahía Blanca (117.932 m2), General Pueyrredón (111.777 m2), La Plata (108.369 m2), Tigre (99.230 m2) y Moreno (91.913 m2).
Según la normativa vigente, los propietarios están obligados a comunicar cualquier cambio edilicio ante la Agencia de Recaudación dentro de un término máximo de 30 días, a partir de que la modificación se encuentre en condiciones de habitabilidad. Si no se declara la verdadera situación del inmueble en el plazo estipulado, el organismo provincial tiene la posibilidad de incorporar las mejoras de oficio y aplicar las multas correspondientes.
