La ex diputada nacional Margarita Stolbizer demandó al Estado nacional por la firma del Decreto 591, a partir del cual el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de materiales sin certificado de inocuidad.

En este sentido, la líder del GEN y presidenta de la Asociación “Bajo la Lupa” solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución por contravenir el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Por ello, de acuerdo a la demanda a la que tuvo acceso LaTecla.Info, Stolbizer pidió la “nulidad absoluta” del decreto; hasta tanto, se ordene la inmediata suspensión de sus efectos  y “de cualquier otro instrumento similar que durante el transcurso del proceso, directa y/o indirectamente, prolongue, reemplace o altere, de manera negativa, la protección del medioambiente”.

En este contexto, solicita que “se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que  retrotraiga los efectos del Decreto 591/2019 que aquí se impugna, volviendo los mismos al anterior estado de cosas dadas previo a la efectiva aplicación del mismo”.

En efecto, con el patrocinio de los letrados Ramiro Egüen (quien es también candidato a diputado provincial por la Séptima Sección) y Silvina Martínez, la líder del GEN señaló en la demanda que en el art. 2, el Decreto en cuestión define el término `residuos´ por la negativa (modalidad prohibida por la lógica del lenguaje) “dejando abierta al exclusivo arbitrio de las autoridades del gobierno de turno, qué es y qué no es residuo, y por ende, qué se puede o no importar en tal sentido”.

El decreto expresa que “quedan comprendidos en lo dispuesto en el art. 1 aquellas sustancias u objetos que, obtenidos a partir de la valorización de residuos, no se ajusten a las exigencias y al procedimiento de importación”, por lo que “resultan por de más amplias y vagas y/o ambiguas, en tanto habilitan sin más la importación de cualquier residuo sea de las características o condiciones que fueren”.

Además, para la ex legisladora, “la norma preocupa porque elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen” y lo que pone en grave riesgo la plena vigencia del estado de derecho, siendo repugnante a normas de jerarquía superior tales como el derecho humano a una vida sana, a la protección del medioambiente y el desarrollo sustentable de las generaciones presentes y futuras.

LF