Fiel a su estilo provocador, Patricia Bullrich salió a torear al Gobierno por el proyecto de reforma previsional en la emergencia. La ex funcionaria  advirtió que con los cambios en las jubilaciones que se establecen, el proyecto solo recibirán aumentos quienes cobran la mínima, y recordó los incidentes que se produjeron dos años atrás frente al Congreso, en la violenta protesta contra la reforma previsional.

"Las 14 toneladas de piedra que nos tiraron se las tendrían que devolver una por una, duplicadas, a ellos", disparó. Sin embargo, Bullrich no es el mejor ejemplo, ya que su medida más recordada fue el recorte del 13 por ciento a los salarios de los trabajadores estatales y jubilados, medida que tomó cuando era ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza.  

No obstante, sus declaraciones encendieron la mecha de una fuerte polémica, a la que se sumó la diputada Elisa Carrió, señalando que el gobierno de Mauricio Macri había establecido "un esquema de actualización” de las jubilaciones y que se había hecho cargo de los juicios pendientes. Los bonos los cobran los que no aportaron”, señaló sobre los beneficiarios.

Frente a este escenario tormentoso, el presidente Alberto Fernández se vio obligado a salir a parar la pelota a través de las redes sociales. Intentando aplacar los ánimos, señaló que durante los próximos 180 días, se fijará el modo de actualización de las jubilaciones. "Hasta entonces, estableceremos incrementos trimestrales preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores", aclaró.

No obstante, al no conocerse los montos de actualización que se aplicarán, los casi tres millones de jubilados afectados por la medida temen quedar más rezagados ante la inflación que durante la etapa del macrismo. Presionado por la oposición, el Presidente además anunció un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio que en algunos casos representan sumas obscenas. Hay que recordar que Mauricio Macri amagó a tomar por ese camino, pero no lo concretó. Parecía que Alberto continuaría por igual sendero. Sin embargo, el escándalo fue muy fuerte cuando, en medio de una emergencia y reclamo de solidaridad, el Poder Judicial y el Servicio Exterior de la Nación mantenían sus jubilaciones de privilegio. El clamor de la sociedad llegó hasta los umbrales de la Casa Rosada, y en un hilo desde su cuenta en la red Twitter, el Presidente anunció que habrá un nuevo régimen sin jubilaciones de privilegio.

Las redes sociales además reaccionaron señalando que si el país se encuentra en crisis y todos los argentinos deben poner el hombro,  por qué los funcionarios, legisladores y jueces no hacen un aporte a la Nación, resignando un porcentaje de sus haberes.

El conflictivo panorama tiene que ver con que el Gobierno definirá en un plazo que se tomará, qué ocurrirá con los haberes jubilatorios en el período de 180 días en el cual estará suspendido el sistema de movilidad.

Otro tema no menor y muy criticado durante la gestión de Mauricio Macri es que los aumentos de la fórmula tienen un retraso de 6 meses lo que en épocas de inflación creciente perjudica a los beneficiarios del sistema. Así es que los jubilaciones y prestaciones sociales están hoy un 20% por debajo del valor que tenían en septiembre de 2017. 

La decisión de actuar con discrecionalidad y segmentar al universo de los pasivos para definir las próximas subas, es una verdadera bomba de tiempo. Para los especialistas, podría desencadenar una ola de demandas judiciales por parte de quienes sean marginados u obtengan, eventualmente, menores compensaciones que otros.

Hay que tener en cuenta además, que la Corte Suprema determinó,más de una década atrás, que esa política de diferenciación según el nivel de ingresos, que fue adoptada en los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, con la meta de llegar al equilibrio fiscal, es inconstitucional.

La medida más inmediata para los jubilados de menores ingresos es el pago de un bono de hasta $10.000 en dos cuotas iguales: una se abonará este mes y la otra, en enero.

El bono será cobrado por los pasivos que cobran el haber mínimo, hoy de $14.068; son aproximadamente la mitad de los 5,7 millones de beneficiarios. También lo recibirán quienes tienen prestaciones no contributivas.

Entre otras cosas, se les pagará un monto inferior a $5000 a quienes tienen un haber de entre $14.068 y $19.068. E l monto que percibirán será la necesaria para completar la segunda de estas cifras. Así, se evitará que quienes hoy cobran algo más que la mínima no pasen a cobrar menos este mes y el próximo. Por ejemplo, quienes perciben $17.000, recibirán $2068 cada mes. Y quienes tienen un ingreso de $18.500, cobrarán $568.

No obstante si miramos hacia el futuro, la medida oficial implica que no se otorgará el incremento de 11,6% previsto para marzo con alcance para todos los jubilados y pensionados. Ese porcentaje es el resultado de aplicar la fórmula de la ley 27.426, cuando se observa lo ocurrido con la inflación y los salarios (las dos variables de la fórmula) en el segundo trimestre de este año. Según lo estimado, la recomposición de marzo iba a significar un aumento real de los ingresos (una mejora con respecto a la inflación esperada del primer trimestre de 2020), tras una caída del poder de compra, que este año sería de 2,5%.

En el actual escenario de crisis, restricción fiscal y con esas previsiones sobre el esquema de ingresos, el objetivo de suspender la ley de movilidad es reducir el nivel de gasto que le insumiría al Estado cumplir con lo establecido. Más allá de cuál será el tamaño de la suba que se otorgará, el proyecto define que se atenderá "prioritariamente a los sectores de menores recursos", un concepto que expresó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Entre 2002 y 2006, cuando solo se disponían subas para el haber mínimo, esa política de diferenciación provocó que quienes cobraban algo más sufrieran pérdidas de hasta 40% en el valor real de sus ingresos. El tema se resolvió en la Justicia, donde se les dio la razón a los pasivos afectados. Además, la Corte Suprema ordenó, en el caso Badaro, la aprobación de un sistema de movilidad que abarcara a todos.

Observando el actual panorama, la política de segmentación que podría repetir la gestión de Alberto Fernández, ya comenzó a levantar olas. Los asesores admiten que el riesgo de la judicialidad es alto y fue analizado, pero dicen confiar en que esta vez podría no haber cuestionamiento, por la previa declaración de una emergencia previsional. Y agregan que para junio próximo ya habría una nueva fórmula, algo de lo cual desconfían las primeras espadas de la oposición.

Otro factor urticante, es el hecho de que se estaría suspendiendo una suba, la de marzo, destinada a compensar un daño que ya ocurrió y dejó rezagados los salarios previsionales. Existe una decisión judicial vinculada con eso: tras analizar una demanda contra la ley de movilidad aprobada en 2017, jueces de primera y de segunda instancia entendieron que la nueva fórmula no debió haberse aplicado ya en marzo de 2018, porque se estaba compensando la inflación de un período que ya había pasado al aprobarse la nueva ley. Ahora, se dejaría sin efecto una recomposición que está basada en lo ocurrido en un período del actual 2019, cuando la ley de movilidad estaba plenamente vigente.

Así es que las jubilaciones y prestaciones sociales están hoy un 20% por debajo del valor que tenían en septiembre de 2017. Para remediar este perjuicio el primer aumento trimestral –el de marzo- debería aplicarse por el devengado del tercer y cuarto trimestre. Por esa vía  se recuperaría parte de la pérdida inicial de la anterior fórmula.

Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, aconsejó que “debe contemplarse claramente que durante los 180 días de suspensión de la movilidad, todos los jubilados y pensiones deben recibir porcentajes de reajustes superiores a los que les garantizaba la ley suspendida. De no respetarse esta medida, nos encontraríamos en un escenario muy similar al que se generó en 2017 con el “factor empalme”. Además, agregó Semino, “ debe respetarse los criterios de proporcionalidad y equidad para evitar la litigiosidad del sistema”. 

De aprobarse el proyecto de ley, al igual que resto de las jubilaciones y pensiones, el aumento de marzo  de todos los jubilados de esos sectores– que ya está casi devengado porque corresponde al período julio-diciembre- quedará suspendido. Y todas las prestaciones recibirán un aumento por decreto cuyo alcance y magnitud dependerá de lo que decida en ese momento el Ejecutivo.

Lo que no dice el proyecto de ley es que, en ningún caso, el aumento de marzo de los regímenes especiales podrá ser inferior al incremento que corresponde a la movilidad propia de cada régimen para evitar que el próximo incremento por decreto termine de aplicarse en forma retroactiva. Y sea inferior al de la movilidad devengada o de la inflación. El Gobierno debe encontrar un camino de equidad para resolver la cuestión, caso contrario cosechará mayor discordia, en momentos en que se necesita un escenario de consensos.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.