El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó  en el Senado dos informes sobre la situación de las cárceles y comisarías en territorio bonaerense que son el resultado de inspecciones realizadas en diversas unidades penitenciarias, comisarías y dependencias policiales durante el transcurso del año 2018.

En la presentación, el organismo denunció la grave situación en los lugares de encierro de la Provincia, donde “se constataron las graves situaciones verificadas en ocasión de la detención como así también las obsoletas condiciones edilicias de unidades penitenciarias y comisarías”.

En ese sentido, el informe señala: “en cuanto el hacinamiento durante los tres últimos años (del 2016 al 2018), la cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires pasó de 37.441 a 45.837, un incremento del 21.73%. Solo en los últimos ocho meses (diciembre de 2018 -agosto 2019), la población total de PPL se incrementó en más de 2.600 personas (6,4%), alcanzando la cifra de 48.469 privadas se su libertad en dependencias policiales y penitenciarias”

“Al 30 de mayo de 2019 había 43.445 personas privadas de su libertad en unidades penales, más 1.029 en alcaidías departamentales y 1.963 con monitoreo electrónico. El 48,79% de las personas privadas de su libertad no cuentan con condena firme.  En la Unidad 31 de Florencio Varela se observaron celdas de 3 metros por 2.5 metros que alojaban a 6 detenidos. La capacidad según datos del SPB es de 450 mientras al momento de la inspección había 998 personas” agreda el informe.

Por su parte, la cantidad de hombres y mujeres privadas de su libertad en dependencias policiales, luego de descender, ha vuelto a superar la cifra de 4.000 personas, aumentando en más de de un 20% desde principio del año. Mas de un tercio de las dependencias policiales han sido clausuradas judicialmente a raíz de las gravísimas condiciones de detención.

En cuanto a Muertes bajo custodia: de la información remitida por el SPB al Comité se puede observar un aumento en las muertes con relación a años anteriores: Mientras que en 2014 fueron 119 para el 2018 se registraron un total de 133.  Preocupa al CNPT que en el 2018 se detecta un gran crecimiento en los fallecimientos caratulados como “averiguación de causal”. A su vez, el incendio de la comisaría de Esteban Echeverría en noviembre del 2018 en el cual murieron diez personas, es una muestra de la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales, ya que sobre la misma pesaba una orden de clausura y había sido objeto de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Respecto de la situación de las Mujeres privadas de su libertad: su situación en las cárceles se agrava ya que suelen ser madres y sostén de hogar. Muchas mujeres indican haber sufrido amenazas por parte de los efectivos del SPB, quienes amedrentan con prohibir el contacto con sus hijos/as si no se comportan de determinado modo. En cuanto a la Población trans y cis:  personas trans narraron distintos acontecimientos de maltrato y agresiones que padecen durante los traslados debido a su condición, como así también durante las requisas. Se verifica una sobrerrepresentación de mujeres cis y trans detenidas por infracción a la ley 23.737 (estupefacientes).

NG