El Gobierno publicó el decreto en el que deja sin efecto el régimen de contratación de trabajadores en el Estado a través de convenios con universidades nacionales. La medida contempla a un universo de entre 6.000 -según el Ministerio de Modernización- y 9.000 -según los sindicatos- estatales que el próximo 1 de enero verán finalizados sus contratos y cuyo futuro y posibilidades de recontratación y pase a planta permanente dependerá de los funcionarios de cada área. Son los mismos funcionarios a los que se instruyó a profundizar el ajuste de sus carteras.
A través del decreto 632/2018, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Mauricio Macri busca reducir unos $25.000 millones en el marco de la segunda etapa del plan de ajuste público para dar señales de austeridad tras el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el texto se dispone el congelamiento de ingreso de empleados públicos hasta el 31 de diciembre de 2019.
Pero en el artículo 3° de ese decreto se especifica la decisión con respecto a las contrataciones vía "asistencia técnica" de universidades. No sólo se dejan sin efecto todos los contratos vigentes a partir del primer día hábil del año próximo sino que "a partir de la entrada en vigencia del presente decreto las partes individualizadas precedentemente no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales".Voceros de Modernización explicaron que la intención es que sean los funcionarios los responsable de decidir cuáles de esos empleados siguen el año próximo y cuáles pasan a engrosar la nómina de desempleados. Pero en el mismo decreto se intima a "optimizar" las plantillas de cada jurisdicción, lo que marca la decisión política de llevar el recorte de personal a todos los organismos del Estado.
La medida alcanza a toda la estructura del Estado y los entes descentralizados con la excepción del Conicet, el personal del servicio exterior, las Fuerzas Armadas y la AFIP, dado que estos cuerpos del Estado tienen su propio régimen para la contratación de personal.
Otra de las medidas contempla una reducción en los viáticos de hasta un 30%. Es decir, que se limitarán los viajes al exterior de parte de los funcionarios y se le dará prioridad a viajes que ya estaban previstos. Asimismo, se achicarán las comitivas que viajen al exterior o al interior del país y los viajes en primera clase o clase ejecutiva serán sólo para funcionarios de alta jerarquía.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá efectuar en 30 días un relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo.
Se ordena también "la elaboración de un informe de flota óptima para cada jurisdicción u organismo relevado a los efectos de su posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad".
Esta serie de recortes forma parte del plan de ajuste del déficit fiscal que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 50 mil millones de dólares.
