El proyecto para aprobar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo vuelve al Congreso por octava vez. Es que desde el año 2011 se viene presentando al inicio de cada período parlamentario. El 2019 será un año electoral, por lo que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ya están elaborando el texto para abordar lo antes posible la temática e instalar el tema antes que las elecciones se coman la agenda.
"Si la presentación no se da en el primer trimestre, después va a ser imposible porque todos van a estar en campaña”, aseguró el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky. La idea es presentarlo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, fecha elegida para el paro de mujeres de este 2018.
Además, en declaraciones periodísticas, dijo: “Hay que tener en cuenta que, al ser un año electoral, hay dificultades en la búsqueda de consenso”, y agregó que “seguramente el proyecto no será igual al que se trató este año. Uno de los aspectos sobre el que podría haber variantes es en la objeción de conciencia, que fue uno de los puntos más debatidos”.
Además aseguró que “hay cambios que seguramente no van a ser introducidos para dejarlos en un debate posterior”.
También se evalúa la posibilidad de que el texto respete la base del tratado este año y que luego surjan proyectos complementarios que amplíen el debate. Lipovetzky adelantó que su espacio va a acompañar la iniciativa, aunque sostuvo que “va a ser más difícil. No tengo expectativas de que repitamos el proceso de este año, pero sí tenemos que dar una respuesta a las cientos de miles de mujeres que quieren que avancemos”.
Caber recordar que en agosto, y tras más de 15 horas de sesión en la Cámara Alta, el cuerpo resolvió por mayoría no aprobar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo multitudinario acompañamiento a la iniciativa en las afueras del Congreso.
La votación resultó 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. El proyecto llegó al recinto del Senado tras seis semanas de debate en el plenario de comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales por los que pasaron más de 140 especialistas a favor y en contra de la iniciativa.
