El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma dio a conocer un informe alertando sobre el aumento de los despidos en el mundo del trabajo y la conflictividad social.El equipo de investigadores relevó entre abril y junio pasados 209 conflictos laborales, con 462 acciones directas. Comparado con lo que sucedió el año pasado puede decirse que la cantidad de conflictos se mantuvo o bajó, pero el número de acciones de reclamo tuvo un aumento anual del 29 por ciento. Esta intensificación puede explicarse como reacción a los cierres y despidos. De la misma manera, los reclamos salariales han decaído pese a la suba de la inflación, una retracción que puede explicarse por el miedo a los despidos.


Los trabajadores del Estado nacional, la industria y los medios de comunicación fueron los más afectados por cierres y desvinculaciones. En la administración nacional, casi ocho de cada diez conflictos se originaron en cesantías: entre los casos más conocidos están los despidos en la Agencia de Noticias Télam, Atucha III y IV, Trenes Argentinos y el Astillero Río Santiago. En el sector privado, los trabajadores de los medios de comunicación estuvieron entre los más golpeados: hubo despidos en Radio El Mundo y Radio Del Plata, Crónica y Publiexpress. En el transporte se contabilizaron 13 conflictos, con 43 medidas de fuerza y la industria también continuó sufriendo cierres. Estos tres sectores (trabajadores de los medios, de la industria y del transporte) sumaron el 70 por ciento de las situaciones de crisis en el ámbito privado.
Al explicar cómo midieron la intensidad de los conflictos, los investigadores apuntaron que consideraron más intensas “determinadas acciones que implican una mayor exposición de los cuerpos de los trabajadores frente a posibles represalias (tanto de los empleadores como de las fuerzas de seguridad), y la disposición de esos cuerpos al enfrentamiento y disrupción del orden que se les intenta imponer”. En ese conjunto entran movilizaciones, paros, piquetes, cortes, actividades en la vía pública y ocupaciones. Las medidas de menor exposición incluyen difusión de comunicados, advertencias sobre eventuales tomas de medidas, declaraciones de alerta, acciones legales o administrativas.
El informe marca que, si el segundo trimestre se compara con el mismo período del año pasado, resulta que hubo más cantidad de medidas de acción directa. Lo que aumentaron fueron principalmente los paros y las movilizaciones, que crecieron tanto en términos relativos como absolutos.
De las 462 acciones directas registradas, 254 ocurrieron en el sector público, 126 en el sector privado, 59 fueron medidas conjuntas –por ejemplo, reclamos docentes de escuelas públicas y privadas por la paritaria nacional– y 23 de trabajadores informales. El aumento en la intensidad de los conflictos debe leerse además en relación a otros indicadores: la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado volvió a caer y fue menor al crecimiento vegetativo de la población. Es decir que el trabajo que se genera no alcanza para absorber a los jóvenes que ingresan a la edad activa. Y el salario mínimo, vital y móvil volvió a deteriorarse en términos reales (la caída del SMVM en los últimos años ha sido tan significativa que para encontrar un valor inferior al de este año hay que remontarse al año 2004).
Finalmente, en el desglose se observa un aumento de los conflictos donde confluyen trabajadores de distintos sectores, que se multiplicaron por seis en la comparación interanual. Este incremento también fue muy significativo en el caso de los trabajadores informales. El proceso da cuenta de la búsqueda de alianzas entre gremios como estrategia para sumar fuerzas frente al deterioro del mercado de trabajo y las condiciones de vida.
La caída de las negociaciones colectivas quedó registrada en la menor cantidad de homologaciones de acuerdos colectivos, más baja que los dos años anteriores. Este ítem fue medido por semestre. El observatorio remarcó que la cantidad de homologaciones registradas a lo largo del primer semestre de 2018 cayó respecto a los dos años anteriores, y fue un 79 por ciento más bajo que las negociaciones homologadas en el mismo período del año 2015. El techo del 15 por ciento en los aumentos salariales que promovió el Gobierno tuvo un importante impacto, ya que logró imponerse, dice el informe, “en buena parte” de las negociaciones. Casi el 60 por ciento de los acuerdos de actividad firmados en el primer semestre incluyeron una cláusula de revisión salarial, en su mayoría a partir de este mes de septiembre.