Las cámaras empresarias que representan a los operadores de transporte público de pasajeros por automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alertaron sobre “la situación de emergencia que atraviesa el sector y las consecuencias que ello traerá aparejado”, al marcar que, “más allá del congelamiento de ingresos vigente desde 2015”, desde el comienzo de la gestión Cambiemos “se han recortado los ingresos de manera drástica”.
Así, describieron que “en un comienzo se afectaron las utilidades de las empresas, luego la posibilidad de renovación de parque móvil y, en la actualidad, las diferencias entre los costos reales y los formalmente reconocidos por el Estado, comienzan a impactar en la cadena de pago a proveedores e inclusive en la capacidad para afrontar las obligaciones salariales y previsionales”.
“Los aumentos de tarifa no llegan al sector”, cuestionan en un comunicado firmado por los presidentes de las cuatro entidades empresarias del sector, José Troilo (Asociación Civil Transporte Automotor), Roberto Rodríguez (Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires), Daniel Millaci (Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros) y Luis Rodríguez (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires.
En esa línea, apuntaron que el Estado “calcula los costos de los servicios con criterios propios y a partir de allí fija los valores de las tarifas y de los subsidios a fin de reducir el impacto sobre los pasajeros. Es decir, subsidia a los usuarios y no a las empresas”. Por esto, dejaron sentado: “La decisión de no transferir al público el costo total de los servicios, es pura y exclusiva potestad del Estado. Todos los incrementos de tarifas van acompañados de reducciones de compensaciones equivalentes a los aumentos de ingresos por recaudación”.
Al realizar una breve descripción del balance negativo denunciado, las cámaras empresariales subrayaron: “El sistema recibe mensualmente por compensaciones tarifarias $ 3.385.000.000 (considerando el subsidio directo más lo que equivale al precio diferencial del gasoil) y por recaudación $ 1.875.000.000 (neto de IVA), dando un ingreso total de $ 5.260.000.000. Sin embargo, los servicios del AMBA tienen un costo de operación más de $ 5.975.000.000 para atender más de 10 millones de viajes diarios que representan el 83 % de los viajes en transporte público que se hacen en la región. Lo que provoca un déficit mensual de $ 715.000.000”.
Dando cuenta de la “imposibilidad de renovar colectivos” bajo este escenario, las entidades sostuvieron que esta situación “produce, por un lado, una fuerte descapitalización de las empresas y, por el otro, una clara y severa afectación a la actividad industrial y comercial vinculada con el sector por la falta de renovación de la flota de vehículos”.
“Es necesario hacer saber a la población que no puede sostenerse la normal prestación de los servicios en las actuales condiciones económicas. Las entidades representativas del sector estudian alternativas que posibiliten llamar la atención de las autoridades. Si el gobierno continúa desoyendo al sector, se producirá inevitablemente un resentimiento de la calidad, frecuencia y cobertura de los servicios, así como el mantenimiento de la fuente de trabajo”, puntualizaron.
