El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires avanzó con su propio proyecto de Ley de Alquileres, como contrapropuesta a las iniciativas que se encuentran en el Congreso y que, según la entidad, significan una "fallida legislación en la que se mezcla en muchos aspectos el destino habitacional con los otros destinos, lo cual producía situaciones de injusticia insoslayables, otorgando beneficios a sectores que claramente no están en la misma condición".


Con el fin de ayudar a bajar el déficit habitacional y generar mejores en las leyes, para facilitar y agilizar el mercado, la entidad propuso rebajas impositivas y tributarias para empresas que construyan viviendas destinadas al alquiler.

Así, los martilleros propusieron cambios en el código civil y comercial, con beneficios impositivos a empresas, como deducciones en Ganancias, que sumen propiedades para compensar el déficit habitacional, limitar los depósitos y garantías que se les exigen a los locatarios para acceder a una vivienda a solamente un mes del valor acordado en los contratos.

Por otra parte, el proyecto contempla ampliar las opciones de garantías que pueden presentar los inquilinos como una escritura de otra propiedad, avales bancarios, seguros de caución o garantía de fianza y la regulación de eventuales aumentos semestrales de los alquileres en función de los aumentos de salarios.

"Los proyectos en danza postulan volver a la legislación sancionada en los años 50 y todos saben cómo terminó", aseguró el Colegio de Martilleros bonaerense, añadiendo que "un régimen de promoción de la construcción de viviendas para alquilar a los sectores de recursos más limitados, logrará no solo una reactivación en la construcción con la consecuente incorporación de inversión y aumento de la oferta de viviendas, los valores locativos tendrán un justo equilibrio".

Entre otras ideas, sostiene que no se podrá exigir el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes, tampoco depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler, y que ese depósito sea devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, que deberá pagarse en un plazo no mayor a sesenta días posteriores a la restitución del inmueble.