La Procuración Bonaerense reconoció que por falta de recursos la Justicia no realizará algunos exámenes forenses. Así lo hizo saber el secretario de Política Criminal Fiscal e Instrucción Penal, Francisco Pont Vergés, a través de una comunicación interna a todos los fiscales generales de la Provincia, en la que se precisó que «a partir del 1 de marzo quedará fuera de servicio el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Dirección General de Asesoría Pericial, atento a la falta de insumos y reactivos y el colapso de los lugares destinados a la guarda», con lo cual, aclara, no se recibirán más oficios ni muestras para peritar.


El escrito, que tiene fecha del 20 de febrero, responde a «lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en el expediente 3001-11886-2014». Los voceros de la Corte bonaerense consultados se sorprendieron: «Recién en unas dos semanas habría acuerdo de los magistrados supremos respecto a ese expediente. No sabemos por qué se hace referencia al mismo», comentaron, sin dar mayores detalles.
«Es cierto que el laboratorio que depende de la Corte no cuenta con insumos, porque no se aceptaron las cotizaciones de los proveedores. Algunos pasaron precios exorbitantes y otras licitaciones directamente quedaron desiertas, pero en breve volvería a funcionar con normalidad», agregaron las fuentes.
Como medida alternativa, la Procuración instó a los fiscales a que las muestras de sangre, vísceras y orina sean resguardadas en las respectivas morgues –judiciales y policiales– hasta el momento en que los investigadores consideren su pertinente análisis. El resultado de este tipo de muestras, por ejemplo, es clave para dirigir una causa caratulada como «averiguación de causales de muerte» en homicidio.
«Luego de la comunicación de la Corte, reaccionamos rápido. No buscamos culpables ni las causas de esto, más allá de la repercusión pública que podría llegar a tener la decisión. Estamos administrando pobreza», se excusó una calificada fuente de la Procuración, quien precisó que «las pericias, de todas maneras, se van a realizar siempre y cuando sean necesarias. Ese criterio lo dejamos en manos de los fiscales, que son las cabezas de las investigaciones».
Como se prevé que las muestras queden en resguardo de cada departamento judicial, desde el área de Política Criminal aseguraron que ya se ordenó la compra de dos heladeras para el laboratorio de Munro, dos para el de Lomas de Zamora y una para el de Junín, que se sumarán a las ya existentes en cada jurisdicción. Además, se contempló «la adquisición de generadores para que nunca se rompa la cadena de frío».
En la Provincia de Buenos Aires, las autopsias se realizan en las morgues policiales o judiciales. Y los estudios complementarios, en laboratorios a cargo de la Corte bonaerense, la Procuración nacional, la provincial o la Policía.
«Como directora de Coordinación de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Procuración Nacional, decidí la creación de laboratorios regionales, y cada uno tenía su especificidad, porque los recursos siempre fueron escasos. El de Munro, por ejemplo, se estipuló para el análisis de drogas; el de Junín, para ADN. Cuando en 2014 renuncié al cargo, dejamos insumos, equipos de última generación y personal capacitado. Si hoy no se hace es porque hay una política de desabastecimiento de estos organismos», explica Virginia Creimer, médica forense especializada en Medicina Legal.
«Me parece una medida muy mala e incumplible. ¿Qué médico va a firmar un certificado de defunción? El viejo código de procedimiento establecía que si del examen externo del cuerpo no surgen las causas de la muerte, hay que hacer autopsia. Ahora, se la considera necesaria cuando la muerte es violenta o se sospecha criminalidad», historiza el experto forense Juan José Fenoglio, para quien el sistema debería avanzar hacia la aplicación de medidas más expeditivas «como en España, donde se hacen autopsias ecográficas o a partir de tomografías y no hace falta revolver órganos».
Las fuentes coinciden en que la Procuración busca «optimizar» recursos, «siempre y cuando haya fiscales preparados y médicos legistas que puedan leer la escena del hecho antes de la llegada del cadáver a la morgue. Para evitar este trámite, los profesionales deben saber lo que hacen».

NG