*Por Jorge Joury

En las próximas semanas comenzarán a conocerse pormenores del accionar de la denominada mafia de los comisarios, que operaba en La Plata recaudando sumas millonarias a través del juego clandestino, la droga y la prostitución, entre otras cuestiones. El 4 de febrero será el momento en que ocho ex jefes serán juzgados. Están acusados de armar una red de recaudación y distribución de dinero de procedencia ilegal dentro de la fuerza. Los acusados, que llegarán detenidos al debate, son el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, el comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck. La lista continúa con el jefe de la comisaría segunda de Barrio Norte, Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz. También estuvo acusado y preso el ex comisario Federico Máximo Jurado, pero fue hallado muerto por causas naturales en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9.
Dirigentes polìticos de distintos espacios políticos sospechan que la cúpula de la Policía Bonaerense llegó a recaudar entre 90 y 100 millones de pesos al mes, producto del cobro de los cánones a delincuentes y otros negociados como los desarmaderos, lo que sin duda influye en que aumenten todos los índices de inseguridad.
La Bonaerense despliega alrededor de 100 mil hombres y mujeres con uniforme a lo largo de todo el territorio provincial y es considerado el ejército más poderoso de la Argentina.
Los integrantes del Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata, Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, serán quienes buscarán establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados en la causa que se originó con el hallazgo de 36 sobres con más de 153.700 pesos en la Departamental de La Plata el 1 de abril de 2016, hecho del cual hemos dado cuenta en reiteradas ocasiones desde esta columna.
Durante la instrucción de la causa, las sospechas de los investigadores apuntaron a que ese dinero procedía del pedido de coimas que los altos oficiales hacían a los encargados de llevar adelante maniobras de juego clandestino, prostitución y narcotráfico, entre otros delitos, además de posibles aprietes a comerciantes para blindarles la zona ante la posibilidad de robos.
La investigación se inició luego de que una denuncia telefónica anónima que con asombrosa precisión advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200 mil pesos por mes a través de coimas.
Frente a esta circunstancia el fiscal penal platense Marcelo Martini, fue quien solicitó de inmediato un procedimiento en la dependencia situada en la calle 12, entre 60 y 61, de La Plata. Durante esa diligencia se secuestraron 36 sobres que contenían en total 153.700 pesos, cada uno de los cuales tenía escrito el nombre de la repartición de la cual provenían. Martini siempre estuvo convencido que la historia no terminaba allí y que parte del dinero también escalaba hacia lo más alto de la fuerza.
Tras ese operativo, que derivó en el desbaratamiento de la presunta red de recaudación ilegal, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense puso en marcha una operatoria de “auditorías sorpresivas” en comisarías y otras sedes policiales, según explicó el funcionario Guillermo Berra, quien será uno de los testigos que declarará en el juicio a los ex jefes policiales.
El auditor Berra señaló que a partir de allí “una vez por semana hacemos auditorías sorpresivas en cualquier dependencia policial de la provincia. También lo hacemos en aquellas dependencias sobre las que recibimos denuncias por recaudación de dinero”.
Berra destacó que en los últimos tres años “hubo muchas auditorías con resultados similares al obtenido en la Departamental de La Plata”.
Mencionó por ejemplo, “la Planta Verificadora de Hurlingham, la comisaría primera de La Plata y el caso del juego clandestino en Malvinas Argentinas, entre otros”.
No hay que olvidar, que el 2 de marzo del año del 2016, cuando se produjo el conmocionante robo a la casa del intendente de La Plata, Julio Garro, fue detenido el oficial Patricio Masana, uno de los encargados de coordinar el pago de las horas extras en la misma comisaría. Masana llevaba un nivel de vida que estaba muy por encima de los ingresos que declaraba: vivía en el mismo country de City Bell donde tiene su casa Garro, viajaba al exterior con llamativa regularidad y manejaba un automóvil importado.
El comentario circulante en medios confiables, es que en cualquier comisaría bonaerense, el jefe de calle es una pieza clave en el engranaje de la corrupción. Funciona como la mano derecha del comisario. Es el que se encarga, como una más de sus funciones, de la recaudación ilegal. De él se espera operatividad y alta eficiencia pero, ante todo, fidelidad. Quienes conocen esta mecánica, señalan que tiene las llaves de la oficina en la que se guarda la contabilidad informal de los sobornos. Es una suerte de tarifario casero de cuánto se cobra a cada uno de los comercios. En general, son listas confeccionadas a mano –una especie de ayuda memoria– para que no quede registro de ellas en ningún sistema informático y puedan eliminarse rápidamente. Se trata de nóminas que se heredan de gestiones anteriores como un derecho adquirido. Y que cada autoridad que asume en cada dependencia actualiza de acuerdo con quién sabe qué índice.
En el oscuro andamiaje de la mafia policial, un jefe de calle cotiza por lo que recauda y se va forjando una suerte de “capital” en cuanto a la cantidad y calidad de sus clientes, que los comisarios saben recompensar. Todos los meses rinde cuentas a su superior sobre el dinero negro que ingresa a la caja chica y funciona como nexo con los otros agentes designados para golpear puertas. Aunque su trabajo tiene un costado más ingrato. Es el primero que “pierde” cuando las cosas salen mal, premisa que ya forma parte de los códigos de la institución. “El comisario delega la coima en su mano derecha. Pero si al jefe de calle lo descubren, el comisario le suelta la mano. Y el subalterno jamás mandaría en cana al comisario, por eso el policía nunca habla de esto. Estaría traicionando una regla clara”, manifestó un veterano retirado de la Bonaerense, con casi 30 años de calle.
“El servicio de calle se ocupa de juntarle el dinero de los ‘colaboradores’ al comisario. Puestos de CDs truchos, talleres mecánicos que no están habilitados, quiniela clandestina, prostitución, boliches… El sistema es así: todo está agendado desde hace años, lo que pasa es que esto se maneja con hermetismo. No todo el personal tiene acceso a estos datos sino sólo la gente de confianza y te los va pasando el jefe de calle anterior”, manifestó uno de los investigadores.
El 11 de julio de 2017, la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia elevó a juicio oral la denominada “causa de los sobres” y acusó a los ex jefes policiales por el delito de “asociación ilícita, percepción de dádivas y conclusión (coimas)”.
También le imputó a la oficial administrativa de esa Departamental María de los Ángeles Ramírez el delito de “encubrimiento agravado”.
La magistrada dio por acreditado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 los imputados integraron “una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae sobre la cúpula, quien además posee una multitud de medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines”.
A partir del 4 de febrero con el comienzo del juicio a los 8 jefes policiales, se empezarán a recorrer nuevos capítulos para el asombro sobre la denominada «maldita bonaerense», el sistema de corrupción que ha combatido con fuerza desde el vamos la gobernadora María Eugenia Vidal. No obstante, los que reconocen los avances en esta cruzada, también señalan que la fuerza azul es como una víbora de siete cabezas, que sigue pasando la gorra por donde puede. Y lo hace en connivencia con algunos sectores de la Justicia, en un territorio demasiado extenso e incontrolable, plagado de múltiples delitos que necesitan un marco de impunidad.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com. Si querés consultar su blogs, podés dirigirte al sitio: Jorge Joury De Tapas.

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