La gobernadora María Eugenia Vidal decidió achicar el cinturón del Estado provincial, enviando a la Legislatura un proyecto que limita el gasto público al índice de inflación. Esto tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires no incrementará su gasto por encima del índice oficial de precios al consumidor que elabora el Indec y limitará la contratación de personal a la evolución de la población.


Así lo contempla un proyecto de ley enviado por Vidal a la Legislatura en los últimos días y que comenzará a discutirse mañana en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, establece la adhesión de la provincia de Buenos Aires a las modificaciones de la ley de Responsabilidad Fiscal que el Congreso nacional sancionó a fines de 2017.
Las provincias cuyos gobernadores habían comprometido su adhesión tenían plazo hasta el 30 de junio de este año para refrendar ese acuerdo a través de la sanción de leyes en sus legislaturas.
La ley de Responsabilidad Fiscal establece una baja de la presión impositiva, además de límites a los niveles de endeudamiento, al gasto público y control en el empleo del sector público.
La ley fue aprobada en el Congreso en el marco del denominado Pacto Fiscal, por el cual Buenos Aires recuperó este año unos 40 mil millones de pesos en compensación por la pérdida de lo que le correspondía en concepto del Fondo del Conurbano a cambio de retirar la demanda que había llevado a la Corte Suprema de Justicia para eliminar el tope.
En esa dirección, Vidal y un grupo de gobernadores se comprometieron a sancionar adhesiones a la Ley de 27.428 de Responsabilidad Fiscal que elaboró el ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne y que el Congreso sancionó a fines del año pasado.
Frente a este escenario, el gobierno de Vidal envió a la Cámara de Diputados la semana pasada el proyecto de adhesión a la ley 27.428, que modificó parcialmente a la norma original de responsabilidad fiscal.
Esos cambios, trascendió, habían sido promulgados por el Ejecutivo nacional en el pasado mes de enero, en medio del receso parlamentario de la Legislatura bonaerense.
Por eso, ahora las cámaras bonaerenses deberán cumplir el trámite legislativo de adherir formalmente a las modificaciones a la ley de Responsabilidad Fiscal votada en el Congreso.
El tratamiento del proyecto volverá a abrir en la Legislatura un debate sobre el gasto en la Provincia y la política económica de Cambiemos.
Entre las modificaciones más importantes, figura el compromiso de la Provincia para que el gasto público no supere el índice de inflación informado por el Indec.
Hasta ahora, esa limitación correspondía al crecimiento del PBI, por lo que técnicamente la modificación implicará, dicen en el oficialismo, un recorte en el nivel total del gasto público.
En tanto, el proyecto enviado por Vidal a la Cámara baja establece que la Provincia tampoco podrá incrementar la planta de personal en un nivel mayor al crecimiento poblacional proyectado por el organismo estadístico nacional.
También se limitan los gastos corrientes de carácter permanente durante los dos últimos trimestres del año del fin de mandato; y acuerda la adopción de políticas tributarias tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva, especialmente de Ingresos Brutos.
El tratamiento legislativo de la norma se iniciará mañana jueves, cuando el proyecto tome estado parlamentario. Luego, trascendió, será girado a la Comisión de Presupuesto que preside el oficialista Marcelo Daletto, para que se emita despacho.
En paralelo a la iniciativa, en los últimos días trascendió la decisión de los legisladores del oficialismo de “bloquear” en las cámaras cualquier proyecto de ley que implique costo fiscal y que no haya sido impulsado con la venia del Ejecutivo.
La decisión implicará “congelar” proyecto que contemplen expropiaciones, la creación de planes de políticas públicas, o iniciativas de mecenazgo, por las cuales se exima de pagar impuestos a empresas que promuevan actividades deportivas y culturales.