Compartir

El gobierno bonaerense ha extendido el control de presentismo en distintas oficinas pública, al punto que también le llegó el turno a los empleados del Senado, que de ahora en más tendrán que registrar su horario de entrada y salida.


Se trata del denominado control biométrico, por el que cada agente deberá registrar la concurrencia a través de su huella digital. “Funcionará de manera experimental por un mes y después será en forma definitiva”, dijeron fuentes de la Cámara alta.
Las máquinas fueron colocadas cerca del área de Seguridad del Senado y también se instalaron cámaras de seguridad en el área “para evitar eventuales daños”, trascendió.
El control biométrico viene funcionando en varias dependencias oficiales. Una de las primeras reparticiones en aplicarlo fue el ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación (Arba). Pero también comenzó a operar en el ministerio de Infraestructura. También se ha implementado para los empleados del IOMA. Según trascendió en fuentes oficiales, la idea es extenderlo a la mayoría de las reparticiones.
En la Cámara de Diputados, el control de asistencia es a través de una tarjeta que deben marcar los empleados y se puso en marcha hace algunos meses. “Estamos en pleno reordenamiento de la planta de personal”, dijeron en la Cámara baja, donde no descartaron emular la decisión del Senado y establecer el control biométrico para los empleados.
Este tipo de medidas no sólo tienen relación con el cumplimiento del horario laboral, sino también con una medida que dispuso el gobierno de María Eugenia Vidal este año y que tiene que ver con el pago de un plus por presentismo.
En efecto, para el caso de los empleados de la administración central el gobierno bonaerense dispuso pagar 6 mil pesos al año, que cobrarán en su totalidad los empleados que no falten
Por otra parte, el Gobierno nacional ofreció a los empleados estatales un 12% de suba salarial, a pagarse en tres tramos de 4% cada uno, para aquellos sueldos brutos de hasta $30.000. En tanto, para aquellos que cobren entre ese número y $100.000 brutos, se les ofreció una suma fija de $4.500.
Por su parte, para sueldos superiores a $100.000, no habrá mejora. Están alcanzados en esta negociación, de injerencia directa del Estado, unos 125.000 trabajadores cuyo salario promedio es de unos 30.000 pesos.
La oferta fue rechazada por el gremio de UPCN y por los representantes de ATE, que también estuvieron en la mesa de negociación.
Más allá del porcentaje de incremento que está por debajo del 15 por ciento con el que cerró la mayoría de los gremios, la oferta oficial no incluye un aspecto clave: no tiene cláusula de revisión.
Con una inflación que en el mejor de los casos rondará el 25 por ciento, un acuerdo de estas características implicaría un ajuste salarial a la baja de 13 puntos. De ahí, el inmediato rechazo incluso de UPCN, considerado uno de los gremios dialoguistas.
“La oferta resulta a todas luces insuficiente e incompleta, no sólo por el porcentaje, sino además porque no contempla la culminación del proceso de acceso a los cargos y pases a planta permanente de los compañeros que han concursado en distintos sectores de trabajo , ni se ofrecen garantías para el cese de despidos en diferentes ámbitos del Estado”, indicó el gremio que lidera Andrés Rodríguez.
Además, la entidad subrayó que “ante la insistencia empleadora de imponer una pauta salarial sin derecho a revisión alguna, de no garantizar claramente la continuidad de los puestos de trabajo y acceso a la carrera de nuestros compañeros, es que nos declaramos en estado de alerta y movilización, procurando que el Estado empleador revise su actitud y asuma el compromiso genuinode garantizar las fuentes laborales”.

Compartir

Comentarios