Nuevamente levanta olas el intento de la gobernadora de Buenos Aires de avanzar con la aprobación de los 42 pliegos de designación de jueces y fiscales antes de las elecciones, pese a la polémica y el pedido de impugnación que recae, en especial, sobre uno de los candidatos para Casación Penal.

El Senado provincial les dio ingreso a los expedientes el 18 de septiembre pasado, con los votos del bloque de Cambiemos y pese al rechazo explícito de los bloques de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador. Con ese trámite, el oficialismo allanó el camino para que las designaciones sean aprobadas por mayoría simple –que el oficialismo posee– en la próxima sesión.

Los 42 pliegos incluyen los nombramientos de jueces, fiscales y defensores en distintas jurisdicciones como Avellaneda, La Plata, Lomas de Zamora, San Isidro y Quilmes. Pero los cargos que más hacen ruido son los que pertenecen al Tribunal de Casación Penal, la máxima instancia antes de la Suprema Corte de Justicia.

Para ocupar esas vacantes, que están abiertas desde hace cuatro años, Vidal postula a Francisco Pont Vergés, quien hoy es secretario de Política Criminal de la Procuración, y a Ana Julia Biasotti, actual defensora de Casación. Ambos funcionarios son respaldados por el procurador general Julio Conte Grand, quien también está en la mira de la oposición por anunciar que quiere seguir en su cargo –al que llegó de la mano del oficialismo– después de diciembre.

Luego de conocerse el apuro del Ejecutivo bonaerense  por aprobar los nombramientos a dos meses de terminar el mandato, el pliego de Pont Vergés comenzó a sumar todo tipo de cuestionamientos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura rechazaron su postulación por asegurar que carece de idoneidad y que actuó en contra de los Derechos Humanos en el caso de una mujer trans que fue torturada en una cárcel bonaerense y quedó parapléjica por falta de atención médica.

En una carta enviada al vicegobernador Daniel Salvador, para pedirle que no se avance con la designación, la Comisión por la Memoria explicó que «Pont Vergés poco o nada se comprometió con la investigación de este caso» y que «en cambio persiguió al defensor de Casación Penal, Mario Coriolano, por actuar a favor de la mujer trans» e incluso impulsó «que se investigue penalmente» a Coriolano. Finalmente, la Justicia desestimó esa denuncia.

Con todos estos elementos, la ONG Abogados por la Justicia Social (AJUS) realizó el miércoles una presentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de María Ventura Martínez, exigiendo que el pliego de Pont Vergés vuelva al Ejecutivo para ser revisado. El escrito pide que Vidal rectifique el pliego luego de las denuncias que pesan sobre el funcionario. Y que, en caso de que decida ratificar la postulación, «la Justicia determine si Pont Vergés aún cumple los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de juez». En concreto se refieren al artículo 175 de la Carta Magna provincial y el 28 de la Ley 11.868, que obliga a quienes sean propuestos como magistrados tener «solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos».

Melisa Delgado Niglia