A través de un proyecto, el senador bonaerense Francisco “Paco” Durañona, que tomó estado público en las últimas horas, se propone modificar una serie de artículos del Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, para que los municipios tengan mayor poder en las tareas de control y sanción. Además, eleva el límite de las multas desde los $500.000 actuales hasta $10 millones.
La medida busca reformar la ley provincial 13.133 o Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de “poner a la Provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se trata de colaborar en el control de los precios máximos y también resolver de fondo, de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los municipios de nuestra provincia".
Asimismo, el proyecto plantea la importancia de actualizar los montos de las multas contemplados en el artículo 73° de la normativa, aumentándolas desde los límites entre $100 y $500.000 que tienen actualmente hasta un rango que vaya desde los $10.000 a los $ 10 millones.
En los fundamentos del proyecto, Durañona reconstruye el vínculo entre el derecho del consumidor y el rol “fundamental y permanente” que debe tener el Estado, tanto en la instancia nacional como en la provincial y municipal -cada uno en el marco de sus competencias- en cuanto garante de condiciones de competencia justas y equitativas, interviniendo en los supuestos en los que los actores participantes no cumplieren con las reglas que imponen las normas regulatorias.
Cabe mencionar que si bien lleva la firma de Durañona, el proyecto fue elaborado en colaboración con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.
En relación a la iniciativa, Lipovetzky explicó que “es necesario parar con los aumentos de precios abusivos en forma urgente”, y agregó que se trata de “un deber de todos, sin diferencias partidarias ni especulaciones de ningún tipo”.
En esa dirección, evaluó que “la ley provincial actual no es clara respecto a que la violación de los precios máximos configure una falta grave en perjuicio del consumidor”, razón por la cual “con este proyecto aclaramos la normativa, lo que es muy importante para que los intendentes controlen y protejan a la gente contra los abusos”.