Editorial Daniel González | Javier Milei logró en menos de dos años lo que muchos de sus antecesores no pudieron: un ajuste fiscal profundo y rápido. Con un recorte acumulado de unos US$38.000 millones, el gasto público primario consolidado caería a 31,4% del PBI en 2025, el nivel más bajo desde 2008. En términos macro, el giro es innegable. En términos sociales y federales, el balance es más ambiguo.
El ajuste marca un quiebre con una década y media de expansión del Estado, que llevó el gasto consolidado a un pico de 41,6% del PBI en 2015. Desde entonces, ningún gobierno había logrado revertir ese sendero de manera sostenida. Milei sí lo hizo, apoyado en un recorte severo del gasto nacional. Pero la composición de ese ajuste revela su principal fragilidad: el costo no desapareció, se redistribuyó.
Mientras el gasto del Estado nacional sigue bajando —de 15,3% del PBI en 2024 a 14,6% en 2025—, el gasto de provincias y municipios muestra una leve suba. El Gobierno atribuye esa dinámica a falta de disciplina fiscal subnacional. Los datos, sin embargo, sugieren otra lectura: parte del orden fiscal nacional se logró trasladando presión hacia abajo.
El primer canal fue automático. La recesión, la caída del salario real y el menor nivel de actividad redujeron la recaudación de impuestos coparticipables como IVA, Ganancias y el impuesto al cheque. Sin tocar la ley de coparticipación, la Nación envió menos recursos reales a las provincias, achicando su margen financiero. El segundo canal fue discrecional: menos ATN, menos subsidios económicos y una virtual paralización de la obra pública nacional.
Ese combo implicó un cambio en la asignación del gasto más que una eliminación lisa y llana. En muchos casos, obras inconclusas quedaron en manos de provincias y municipios, que debieron absorberlas o abandonarlas. A la vez, el recorte de subsidios trasladó costos a hogares y gobiernos locales, en un contexto de ingresos todavía deprimidos.
El impacto fue más evidente en los municipios, el eslabón más débil del sistema fiscal. Con menos recursos, más demanda social y mayores responsabilidades en asistencia y seguridad, la respuesta fue previsible: subas de tasas, creación de nuevos tributos y expansión del gasto social. Eso explica por qué, aun con el ajuste nacional en marcha, el gasto subnacional aumenta en 2025. Sin embargo y con una mirada simplista del relato funcional del ajuste Luis Caputo arremete contra los municipios. Los municipios son el muro de contención de la problemática de su comunidad y atribuir responsabilidades sin reconocer la arquitectura fiscal cada vez más centralista y que el propio gobierno profundizó no es expandir el gasto es invertir en las necesidades cada vez más creciente de los ciudadanos de cada distrito. Podría decir algún trasnochado háganse cargo. Miremos la despedida al Dr. Juan José Mussi, del cariño de su gente que en los años le fue cambiando su realidad. Dejemos de mirarnos el ombligo y cambiemos el observador de un país cada vez más unitario a uno más federal.
Desde la óptica macroeconómica, el Gobierno puede exhibir resultados: superávit fiscal, menor riesgo país y un sendero que apunta a llevar el gasto al 25% del PBI, un nivel que Argentina solo alcanzó en contextos excepcionales. Desde una mirada política y social, el panorama es más delicado. La economía puede empezar a crecer, pero sin un derrame claro, especialmente hacia los sectores medios y bajos y hacia el interior del país.
Ese es el dilema que empieza a emerger. El orden fiscal es condición necesaria para la estabilidad, pero no suficiente para sostenerla. Si el crecimiento no se traduce en alivio tangible y si el ajuste sigue concentrando costos en provincias, municipios y hogares, el riesgo ya no será macroeconómico. Será político.
En ese punto, el desafío de Milei deja de ser cuánto más ajustar y pasa a ser cómo repartir los beneficios del ajuste. Porque una economía puede crecer sin derramar. Lo que no puede hacer indefinidamente es gobernar con ajustes contantes y sin visualizar un crecimiento económico sostenido en especial en aquellos sectores con ventajas comparativas y mano de obra intensiva. ¿Se viene un nuevo riesgo?
