Es además una amenaza a la conservación del ecosistema y las especies marítimas. La actividad se realiza sin control, siendo el calamar, la merluza y el abadejo las más afectadas en forma directa.
La pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva representan una pérdida de entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones al año.
El director de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros, Eduardo Pucci, indicó que «la pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita, que se realiza sin permisos; la no declarada; y la no reglamentada».
Los cálculos indican que la captura de peces en los archipiélagos oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas al año; y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil.
En relación a Malvinas, la explotación ilegítima de los recursos ictícolas por parte de Gran Bretaña se remonta al año 1986. Entonces, el Gobierno británico dio autorización a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca.
Desde entonces, la economía de Malvinas se reconvirtió y la actividad piscícola pasó a representar más del 90% del total de las exportaciones. Genera ingresos anuales de al menos US$ 500 millones, de acuerdo a estimaciones brindadas por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenbach.
Con la asunción del presidente, Alberto Fernández, y del canciller, Felipe Solá, se ha vuelto a enfatizar el reclamo de soberanía sobre las Islas.
En particular, se decidió discontinuar el intercambio de información pesquera con la administración británica que ocupa Malvinas. Además, la sanción de la ley que crea un Consejo consultivo sobre los archipiélagos.
También se adoptó la nueva demarcación de la Plataforma Continental Argentina. Esto implica la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio que había sido aprobada por la ONU en el año 2017.
Asimismo, aguarda en el Congreso un proyecto de ley que prevé aumentar las sanciones por la pesca ilegal en territorio argentino. Establece como pena mínima el equivalente a 500.000 litros de combustible. A valores actuales rondaría los $ 25 millones. Y como pena máxima una multa de $156 millones de pesos, a precio actual del gasoil.
«La extensión que plasma el nuevo mapa es trascendental porque no está solamente en juego un espacio territorial marítimo. También los recursos naturales que devienen en un potencial para el desarrollo económico de nuestra Nación», explicó Rattenbach.
En tanto, Eduardo Pucci aseguró que «la extensión de la plataforma tiene una enorme importancia geopolítica». Pero aclaró que «no tiene potestad sobre los recursos pesqueros más allá de la milla 200; si no sobre la exploración y explotación de los recursos minerales y no vivos y los vivos sedentarios».
Semanas atrás, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, dijo que «el combate de la pesca ilegal es una prioridad absoluta«. Y que la que principalmente afecta a Argentina es «la que se da en aguas de Malvinas».
En consonancia, destacó que en el 2020 «capturamos tres barcos. Es una cifra muy importante y hacía 15 años que no se alcanzaba esa cantidad en la temporada».
Por su parte, la pesca no reglamentada se produce en aguas internacionales adyacentes a la ZEE; es decir, más allá de la milla 200 y del alcance de la legislación del Estado nacional.
De acuerdo a sus estimaciones, el flagelo alcanzaría como mínimo las 300 mil toneladas por año, con un valor aproximado a los US$ 1.000 millones.
Además, Pucci resalta que con la pesca no reglamentada «lo que más se afecta es el desarrollo pesquero argentino». La industria nacional debe competir contra «depredadores que explotan recursos sin respetar procesos, ciclos ni regulaciones», lo que abarata sus costos».
Al respecto, Rattenbach señala que, a la enajenación de recursos e ingresos, hay que sumarle «la pérdida de puestos de trabajo. Los directos de la actividad e indirectos como, por ejemplo, la construcción de navíos de industria nacional o mantenimiento de flotas».
«En aguas adyacentes los únicos que cumplen las reglas son los buques argentinos. El resto viola el deber de cooperación, el principio ecosistémico y de pesca responsable, sin tomar en cuenta ninguna medida de conservación», remarcó Pucci.
Y concluyó: «Es imprescindible regular la pesca en las zonas adyacentes a la ZEE porque son recursos transzonales. Los peces no permanecen estáticos si no que van migrando; entonces el país costero aporta ese recurso y se ve afectado porque se lo pesca afuera con total desregulación».
Así, la pesca ilegal y la no reglamentada en conjunto causan una pérdida económica de, al menos, US$ 2.000 millones al año; contribuyen a la depredación del ecosistema con capturas fuera de los períodos de zafra; y limitan el potencial de la industria nacional.
Fuente: Télam
