El Gobierno nacional lanzó la segunda licitación para la privatización de 1.871 kilómetros de rutas y autopistas que actualmente están bajo la órbita del ente público Corredores Viales S.A. y que ahora serán concesionados sin subsidios estatales.
Según el comunicado oficial, la nueva modalidad de concesión operará “sin ningún subsidio por parte del sector público”, lo cual contrasta con el esquema de gestión actual de Corredores Viales, que en 2024 registró un superávit de 32.193 millones de pesos gracias —entre otros factores— a transferencias del Tesoro por 22.533 millones. La contrapartida que se espera, claro está, es el aumento de los peajes.
El vencimiento para la presentación de ofertas está fijado para el 6 de febrero, y se espera que luego la adjudicación quede firme con la firma de los contratos y la entrega operativa de los tramos ya licitados.
La aceleración del cronograma de privatización se inscribe en la política de la gestión que busca reducir la intervención estatal en infraestructuras clave y transferir los costos de inversión y mantenimiento al sector privado. Desde el Gobierno se sostiene que la gestión vigente no brindaba “beneficios reales para los usuarios” y que los aportes públicos “sostenían un esquema de concesión deficitario”.
La medida plantea varias aristas para el análisis: en primer lugar, supone un cambio estructural en el modelo de financiación de las rutas, que pasa de la titularidad estatal con complemento público a un régimen concesional puro, lo que podría implicar aumentos de tarifas de peaje o modificaciones en las condiciones de servicio. En segundo término, la decisión de adjudicar bajo este esquema durante un período de elevada inflación y debilidad de la inversión pública genera inquietudes sobre la capacidad de los ganadores para concretar las obras de mantenimiento y mejora sin desatender el flujo vehicular o encarecer los costos al usuario final. Finalmente, desde la órbita laboral se abre una discusión sobre los efectos en el empleo.
Fuente: Pagina 12
