El juez Thomas Griesa levantó este miércoles las restricciones aplicadas contra Argentina que le impedían pagar deuda a bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010, un pedido que había formulado el Gobierno y al que se habían opuesto los fondos buitre.

Dos días después del acuerdo con los fondos más duros, Griesa consideró que “las circunstancias han cambiado tan significativamente como para volver las órdenes injustas y en detrimento del interés público”.

El magistrado puso como condiciones que el Congreso derogue las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y que pague a los holdouts que aceptaron la oferta antes del 29 de febrero.

PRETENSIONES DEL GOBIERNO

El macrismo pretende emitir el martes el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados sobre la ley para habilitar el pago a los fondos buitre, requerida por el gobierno de Mauricio Macri tras el preacuerdo que suscribió esta semana con un grupo de acreedores.

El presidente de la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Eduardo Amadeo, afirmó que la denominada ley de Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del Crédito -mediante la cual se derogarán las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, se formalizará la oferta de pago a los holdouts y fondos buitre y se autorizará la emisión de títulos públicos por hasta 12.000 millones de dólares-, se debatirá “mañana (jueves) a la tarde o el viernes a la mañana” en un plenario de dicha comisión con la de Presupuesto y Hacienda.

“Vamos a hacer venir al equipo económico del Gobierno a explicar todo lo que sea necesario y vamos a contestar positivamente al pedido de la oposición de que vengan expertos y representantes de cámaras empresarias a opinar sobre la ley. Y trataríamos de sacar dictamen el martes”, afirmó Amadeo a la agencia NA.

El diputado del PRO formuló estas declaraciones luego de que este miércoles se constituyeran las comisiones de Finanzas, que conducirá él, y de Presupuesto y Hacienda, cuyo presidente será el macrista Luciano Laspina.

La comisión de Finanzas tiene 31 miembros y la de Presupuesto y Hacienda, 49, y en ambos casos la mayor cantidad de diputados pertenece al interbloque oficialista, Cambiemos; mientras que el bloque del Frente para la Victoria-PJ, el más duro opositor a esta iniciativa, es la segunda fuerza con más número de representantes.

“Veo buena onda, creo que nadie se anima a voltear este acuerdo. Veo dentro del kirchnerismo un grupo duro, entre los que están (Juan) Cabandié, (Eduardo) ‘Wado’ De Pedro, etcétera, y después otros diputados con un espíritu positivo como (José Luis) Gioja“, evaluó Amadeo, en relación con las adhesiones y rechazos que concitaría el proyecto.

Para lograr el apoyo del peronismo dialoguista, el oficialismo logró desplazar al FpV de los principales puestos de la conducción de la comisión de Presupuesto y Hacienda: al presidente, Laspina, lo siguen como vicepresidente primero Diego Bossio, del Bloque Justicialista (tiene 17 bancas), y como vicepresidente segundo Marco Lavagna, del interbloque massista UNA (tiene 35 diputados).

El oficialismo inclusive espera contar con el apoyo de diputados del FpV-PJ que no pertenecen al núcleo duro kirchnerista y, en cambio, responden a gobernadores.

Una prueba de ello fueron las declaraciones que formuló en la reunión de Presupuesto y Hacienda el sanjuanino Gioja, quien solicitó al oficialismo que “sean generosos con la lista de invitados y se invite a los que negociaron la deuda” con los acreedores, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen.

“Tenemos que tener todos los elementos para saber cómo vamos a votar”, afirmó Gioja, dejando abierta la posibilidad de un acompañamiento a la iniciativa gubernamental.

En cambio, su compañero de bancada Axel Kicillof fue más duro en relación con la intención del Poder Ejecutivo y afirmó que “la derogación de las leyes (Cerrojo y de Pago Soberano) tiene un riesgo legal importante”, porque a su criterio “hay un 93% de los acreedores que de buena fe y en base a la existencia de esas leyes admitió los canjes” de 2005 y 2010 y podría iniciar acciones legales, porque el Gobierno argentino les pagaría más a los buitres que a ellos.

“Esto podría traernos más dolores de cabeza que lo que presuntamente nos causa lo acordado ahora. Además, es traer endeudamiento por 12.000 millones de dólares con el objetivo aparente de poder endeudarnos mucho más, que tampoco nos dicen cuánto es ni en qué condiciones”, advirtió Kicillof.

Amadeo señaló que una vez que se apruebe la ley en ambas cámaras del Congreso, lo que esperan que se resuelva en las próximas semanas, se debe “terminar el papelerío con los abogados, hablar con los bancos, hacer el road show, que significa viajar a los principales centros financieros para vender, emitir los bonos y depositar el dinero en la cuenta del juzgado”.

“No es chiste”, dijo Amadeo, para justificar la premura del oficialismo en sacar la ley.