El 11 de julio pasado, Diputados del bloque “La Libertad Avanza” visitaron al genocida Alfredo Astiz y a otros represores. Se trasladaron a bordo de una camioneta Renault Master Blanca, patente MBI 546, perteneciente a la flota de la legislatura nacional, brindada por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem y se presentaron en calidad de funcionarios. El abogado penalista Paolo Zaniratto, explicó en AgenHoy radio la gravedad de los hechos y por qué no se trató de una visita en carácter personal y privada.
Los diputados en cuestión son Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.
"Hay dos cuestiones a tener en cuenta, no es que no sabían a quién iban a ver. No fue una visita oficial tampoco. Aducen que no hay una responsabilidad del gobierno, que fue algo personal, que cada quien puede visitar a quien quiera a la cárcel. Pero fueron en calidad de Diputados con automóviles oficiales de la Cámara de Diputados, por lo tanto no fue personal sino que es una cuestión institucional", explicó el profesional.
"Como visita institucional la Cámara de Diputados puede y debería aplicar sanciones a quienes fueron. Estamos hablando de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado que atentó contra el orden constitucional y la Democracia. No son delitos comunes. La gravedad tiene que ver con la cuestión institucional, fue una visita política de apoyo a criminales", continuó.
Asimismo, dijo que "en la Constitución tenemos un artículo que habla de las facultades que tienen en Diputados, pueden dictar su propio reglamento pero también habla de posible remoción a aquellos diputados que tengan inhabilidad física o moral. La figura existe. Esto de qué es lo moral obviamente es la parte en la que se deberá discutir, pero este estándar ético existe. Enmarcar esto en cuestiones personales no da lugar. Cuando los funcionarios públicos actúan en calidad de la función que cumplen tienen que responder a los deberes de la Constitución Nacional".
Y agregó: "Hay una cuestión que se vincula con la prisión domiciliaria de quienes están cumpliendo la pena en cárcel común. Se han expedido muchas veces miembros del oficialismo con esta idea. Tiene que ver con una especie de apoyo y reclamo de los represores de volver a sus casas pese a las condenas".
