Las y los diputados nacionales del bloque Unión por la Patria, que fueron reprimidos el pasado miércoles 12 de junio frente al Congreso de la Nación, presentaron este mediodía en los Tribunales de Comodoro Py una denuncia penal contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el Secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Mario Ventura Barreiro y el Prefecto General, Guillermo Giménez Pérez.

El escrito que lleva las firmas de nuestros compañeros y compañeras Carlos Castagneto, Carolina Yutrovic, Gabriela Pedrali, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Leopoldo Moreau, Andrea Freites, Gustavo Ramiro Fernández Patri y Ernesto Nader Alí, solicita: que se abra una investigación y se dispongan las medidas necesarias por los delitos de apremios ilegales, vejaciones, tormentos (art. 144 bis y ter del CP), lesiones graves (art. 90 del CP), abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (arts. 248 y siguientes del CP), sin perjuicio de la calificación legal que los referidos sucesos pudieran merecer a criterio de esa autoridad judicial.

Las y los diputados Nacionales reprimidos estaban ejerciendo su representación popular y el derecho a la libertad de expresión, y acompañaban a los manifestantes en su derecho constitucional de protesta. Intentaron en todo momento ser interlocutores con los manifestantes de manera absolutamente pacífica. Jamás cortaron una calle: tanto la avenida Entre Ríos como la calle Hipólito Yrigoyen estaban interrumpidas en su tránsito por el cordón policial.

La manifestación pacífica de las y los legisladores Nacionales tuvo como respuesta por parte de agentes de la Prefectura Naval Argentina empujones, golpes y descargas de gas pimienta. Existió un uso absolutamente desproporcionado y desmedido de la fuerza ya que la interacción de los diputados con los integrantes de las fuerzas federales se daba en un contexto no violento y de diálogo.

El resultado de la exposición a los gases fueron distintas lesiones graves, sufridas por los denunciantes. Nada fue casual: se trató de una acción deliberadamente dirigida de las fuerzas de seguridad contra las y los diputados Nacionales de Unión por la Patria, que obedeció a una decisión política.

El accionar de las fuerzas federales de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich no respetan en lo más mínimo los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, ni los tratados de jerarquía constitucional, ni tratados aprobados por el Congreso de la Nación, y tampoco las inmunidades constitucionales de los diputados y diputadas de la Nación.

Cabe destacar que la denuncia se encuentra respaldada por pruebas documentales y testimoniales con su constancia de atención médica, como así también registros fotográficos y audiovisuales.

Nuestra denuncia quedó radicada bajo la identificación CFP 2400/2024 ante el Juzgado Federal Nº 4 a cargo del juez Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Ramiro González.

En tanto, se derivó esa presentación por mail a conocimiento de los siguientes organismos: Unión Interparlamentaria, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación.