Con 147 votos positivos y 69 negativos, el oficialismo logró que la reforma electoral esté vigente en las elecciones 2019.
El proyecto establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.
Uno de los puntos centrales es que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus contribuciones.
En ese sentido, la iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2% de los gastos autorizados por la ley.
