El Centro de Economía Política Argentina advirtió a través de un informe sobre los efectos nocivos de las políticas de ajuste proyectadas por el Gobierno tras la firma del acuerdo firmado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Una de las alarmas que disparan los especialistas es el despido de unos 30 mil empleados en el sector público.
En el marco del documento elaborado por los economistas Alejandra Fernández, Hernán Letcher, Juan Cruz Lucero y Julia Strada del Centro se señala que “el camino elegido por el Gobierno para la reducción del déficit paradójicamente tiene el efecto contrario: lo incrementa.” De esta manera, el informe destaca que el ajuste impulsado por el organismo internacional en la Argentina impactará de forma negativa profundizando el ajuste y la caída de la recaudación fiscal.
“Es de suponer que a partir de la conjunción de tasas de interés en el orden del 40, recortes del gasto público, caída de los salarios reales -con el consecuente impacto sobre el consumo- y el magro aporte del sector externo, la actividad económica se verá resentida, lo que implicaría un menor aporte de estos tributos”, sostiene el texto. Asimismo, puntualiza negativamente sobre la decisión del Gobierno de no restituir las retenciones al agro.
Según los economistas en este marco “es esperable por el lado de los ingresos un aumento del déficit, fenómeno que precisamente se ubica a contramano del mentado objetivo que busca achicarlo.”
Desde otra perspectiva el estudio realizado por el centro de estudios económicos se refirió a las partidas presupuestarias que sufrirán ajuste como condición del acuerdo. Uno de los ejes de recortes abarca “gastos en obras viales, seguido por obras en vivienda, agua y alcantarillado, el Fondo Federal Solidario, obras vinculadas a la energía y de educación”. En este segmento se ajustarán 30.000 millones de pesos anticipa el texto.
Otro de los impactos negativos del acuerdo es el que refiere a los despidos masivos en el sector público. “El Gobierno anunció el recorte de 20.400 millones de pesos, lo que implicaría alrededor de 30 mil despidos en el sector público hasta 2019 a partir del recorte especialmente en los gastos corrientes del Estado”, subrayan los economistas.
Por último, se señala sobre las consecuencias para los usuarios de servicios públicos a partir de nuevos incrementos en las tarifas. “Los subsidios económicos han sido el lugar donde el Gobierno ha hecho el ajuste con mayor potencia. El 56% de los gastos responden a subsidios energéticos, mientras que el restante responde al transporte. En este punto se presentan dos cuestiones a destacar. La primera tiene que ver con la variación del tipo de cambio: a mayor tasa de devaluación, mayores serán las erogaciones del Estado en subsidios por las importaciones de combustible. El presupuesto 2018 establece un monto de $203.000 millones para subsidios económicos, contemplando la actualización tarifaria de todo el año. Ello significa un nuevo incremento tarifario en octubre/noviembre 2018 en gas y electricidad”, concluyen.
