El paquete de iniciativas fue lanzado por el oficialismo durante la semana pasada, tras la derrota en las PASO, y generó dudas acerca de una ruptura por un nuevo incumplimiento con el FMI. Más allá de su discutida capacidad para revertir el deterioro de entre 5% y 10% que generará la reciente devaluación sobre el salario real en los próximos meses, el plan oficialista muestra un sesgo regresivo.

Esta semana el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dejó en claro por varias vías que hacia adelante la estrategia oficial estará más relacionada con retomar el ajuste fiscal y mantener el acuerdo con el Fondo, ya que no hay lugar para más medidas de alivio.

A eso se refirió también al afirmar que "la estabilización del tipo de cambio no será posible si no hay una política fiscal consistente que garantice el cumplimiento de las pautas fiscales con el FMI".

Pero, más allá de que el ajuste seguirá su marcha, el impulso keynesiano de las medidas de la semana pasada parece tener un impacto moderado en lo electoral, ya que apunta principalmente a los sectores de mayores ingresos, tal como mostró un informe publicado ayer por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA). De hecho, el 56% de los pesos que buscará inyectar el programa estará destinado exclusivamente a la clase alta. Sólo el 13% irá a la clase baja, mientras que el 31% será para la media.

Desde ITE-FGA explicaron: "Las PASO llevaron al gobierno a implementar un conjunto de medidas para recuperar al menos una parte del territorio electoral perdido. En medio de una nueva devaluación que probablemente golpeará los ya de por sí afectados bolsillos, el paquete de anuncios resultó similar a querer apagar un incendio forestal con un balde de agua. El gobierno buscó recuperar electorado".

El paquete de medidas consistió en un aumento del 20% del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para todo 2019, una reducción en $2.000 de aportes personales por 2 meses, un bono para empleados públicos por única vez de $5.000, una bonificación del componente impositivo del monotributo por un mes, un aumento de 40% para los beneficiarios del Progresar y un bono de $2.000 para beneficiarios de la asignación universal por hijo, a pagar en dos meses.

Además, se anunció la quita del IVA vendedor de los comercios para determinados productos de la canasta básica alimentaria, lo que le da a las empresas la posibilidad de elegir entre mejorar sus márgenes de ganancia o moderar las subas de precios.

El informe de ITE-FGA mostró que el resultado esperable es que, por ganancias, 2 millones de personas de clase alta y media alta reciban una inyección en sus ingresos de $24.000. Es decir, el 56% del beneficio total del paquete.

En cambio, por el bono para beneficiarios de la AUH y el aumento para los del Progresar, 4 millones de personas de sectores vulnerables recibirán una ayuda de $2.000 y 600.000 una de $2.500.

Por la bonificación a monotributistas, 2,6 millones de personas de clase media baja tendrán ingresos extra de $600. La reducción en aportes patronales y el bono a empleados públicos generarán un extra de $2.000 para 6,5 millones de personas y de $5.000 para 140.000.