El clima en las cárceles es de extrema tensión. Y si algo le faltaba al escenario de alto voltaje dialéctico instalado en el frente político y social, son nuevas declaraciones del polémico juez de la Cámara de Casación bonaerense, el platense Víctor Violini.

El magistrado salió a ratificar su decisión de otorgar libertad a detenidos y alertó que si no se descomprimen las cárceles, "el coronavirus va a infectar a 50 mil presos", lo que "haría explotar el sistema sanitario". Violini redobló la apuesta y remarcó :"Lo que le digo a los familiares, es que hay 34 mil lugares para alojar presos y tenemos 50 mil". Hay que señalar que tanto el presidente Alberto Fernández, como el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof se despegaron de la polémica y coincidieron en señalar que no existe un plan de liberación masiva de presos.

Alberto desestimó que el Gobierno prepare una salida masiva de reclusos y recordó su postura en contra de los indultos. Kicillof  tambien fue en la misma dirección, señalando que es "absolutamente falso e inverosímil" que exista un plan para liberar presos.Los cruces por la liberación de presos, han despertado a los demonios y quebró el incipiente clima de paz política que se había instalado en el marco de la cuarentena.

Parecía que la grieta se iba cerrando y todas las opiniones convergían en una misma dirección, pero el reloj de la bomba carcelaria activó su tic-tac con consecuencias impredecibles. Las redes sociales se han puesto al rojo vivo. En ese nicho, la oposición encontró caldo de cultivo para fogonear tensiones y ahora promueve un "cacerolazo nacional" a modo de repudio a la libertad de los presos.

"Estamos hartos de la falta de seguridad y de la complicidad de funcionarios y jueces con el delito, y queremos que se proteja y se privilegie a las víctimas y no a los asesinos, violadores, narcotraficantes y corruptos de toda laya", señala el parte de guerra y que invita a manifestarse este jueves a las 20 horas.

LA VIRALIZACION DE UN TEXTO DETONANTE

Los argumentos brotan de un breve texto, pero de perfil detonante, que comenzó a viralizarse en las últimas horas, principalmente a través de whatsapp. Allí los impulsores de la protesta se preguntan: “¿Qué será de los policías y gendarmes, de los fiscales y jueces que los encerraron y condenaron y de las familias de todos ellos, que serán amenazadas ahora por los delincuentes nuevamente en libertad?”.

"Tarde o temprano, quienes hayan emprendido esta campaña para permitir el armado de un nuevo 'Vatayón Militante', formado por sicarios al mejor estilo de las milicias paramilitares chavistas, deberán responder por ello", lanzan en línea con lo expresado en el audio de Whatsapp escandaloso de la senadora del PRO, Felicitas Beccar Varela.

Además, señalan: "No olvidemos preguntar a #NiUnaMás por qué guarda silencio ante la liberación de un abusador de menores autorizado a vivir al lado de la niña", señalan a modo de interpelación en otro párrafo del texto, y se advierte sobre el riesgo de conceder más prisiones domiciliarias: "Ya hay más de 2.800 excarcelados y el Estado no puede controlarlos porque carece de tobilleras electrónicas y de personal para afectar a su vigilancia".

Desde hace unos días, se observa que desde Cambiemos se fogonea que esta decisión está avalada y promovida por el Gobierno. Manifiestan además que pone en riesgo a la seguridad de la sociedad y no respeta el derecho a las víctimas. Incluso la propia Patricia Bullrich señaló que "en 4 años recuperamos asesinos de la calle para que no sean un peligro para la sociedad y ahora los quieren liberar a todos".

BERNI TIRO A LA CABEZA DE ZAFFARONI

Pero las estridentes voces de condena también emergen desde un sector del oficialismo. Primero fue Sergio Massa quien advirtió que los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político, siempre y cuando no cumplan la Ley de la Víctima, aprobada de manera unánime por el Congreso y que funciona bajo la órbita de la Cámara Baja.

Y en las últimas horas Sergio Berni, tomó la posta y marcó la cancha con su rechazo de un modo contundente : “Si dependiera de mí, no sale ningún recluso”.

No conforme con ello, el ministro de Seguridad bonaerense redobló la apuesta  y reafirmó su postura con una crítica al ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien defendió la decisión de otorgar prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia para evitar una masacre en las cárceles porque se estaba “al borde de una hecatombe”.

“Yo escuché a un jurista muy reconocido, que nadie puede poner en duda su capacidad teórica, que dijo que esta era una medida para evitar una masacre...Masacre es la que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando los delincuentes matan mil bonaerenses. Esas son verdaderas masacres”, disparó el funcionario, sin mencionar a Zaffaroni pero en una clara referencia a sus palabras.

EL JUEZ DE LA POLEMICA DESAFIA A LOS TROLLS

Mientras tanto, el juez Víctor Violini volvió a defender su fallo y aseguró que "el bien jurídico número uno protegido por el derecho es la vida".

El magistrado enfatizó que "sólo pueden acceder al arresto domiciliario aquellos que tengan delitos leves" y subrayó que "de ninguna manera" se le otorgó el beneficio a personas que hayan cometido faltas graves.

"El Habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Si dudan pasen por Casación y se le entregará copia de la Resolución. Trolls abstenerse”.

Con esa declaración en su cuenta de la red social Twitter respondió Víctor Violini, a las críticas en su contra.  Violini fue el magistrado que, a comienzos de este mes, firmó la resolución que habilitó la salida de las cárceles de la provincia de Buenos Aires de 2300 presos, en medio de la pandemia. Es integrante del segundo tribunal en importancia de la provincia, de perfil alto y cercano al peronismo.

EL CASO DE LOS VIOLADORES LEVANTA OLAS

Violini se ubicó en el ojo del huracán, cuando a comienzos de este mes consideró aceptables los argumentos de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires, quienes presentaron el habeas corpus en pos de la liberación de un grupo de presos considerados como “población de riesgo”, en las cárceles y comisarías de la provincia, en miras al avance de la pandemia de coronavirus en el país.

Entre los alcanzados por la decisión de Violini estaba Pedro Olmos, de 68 años, quien en en septiembre pasado fue detenido acusado de abusar sexualmente de una nena de 13 años. La víctima vive a metros de Olmos, que fue beneficiado por la justicia tras considerarse que estaba dentro del “grupo de riesgo” a partir de la llegada del coronavirus.

La medida fue apelada por el fiscal ante la Cámara de Casación, Carlos Altuve.

“No se ha resguardado debidamente a la víctima, una niña de 13 años, vecina del imputado. No solo se ha omitido disponer la obligatoriedad de la información previa y la citación a la víctima a los efectos de ser escuchada antes de la concesión del arresto domiciliario, sino que tampoco se ha ordenado la implementación de recaudo alguno a efectos de asegurar y garantizar la protección de la misma y su entorno, debido a que solo se ha consignado que se debía resguardarse su salud psicofísica”, sostuvo el fiscal en su reclamo, sobre el que deberá decidir la Corte Suprema de la provincia.

Otro de los que salió levantar olas, fue el intendente de San Miguel. Jaime Méndez, quien tras enterarse de que 20 presos fueron liberados y regresaron a sus domicilios en el municipio,  publicó una serie de tuits para manifestar su temor y reclamar ante esta decisión judicial.

“Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas... Son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel.

Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución”, expresó Méndez. 

Como se observa, cada vez más voces avivan las llamas de la polémica, mientras en las cárceles crece hora a hora la posibilidad de motines.

 *Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.