Editorial Daniel González | Durante meses, el Gobierno construyó su legitimidad sobre una idea simple: cualquier alternativa era peor. El “riesgo del pasado” funcionó como argumento económico, político y moral. Pero los últimos días dejaron algo claro: el principal riesgo que hoy enfrenta la Argentina ya no está atrás, está en el presente.
No se trata del rumbo general. El ajuste fiscal, el orden macro y la corrección de desequilibrios eran inevitables y cuentan todavía con el aval del mercado. El problema es otro: la ejecución política empieza a fallar de manera sistemática, y esa falla ya impacta en la confianza.
La media sanción del Presupuesto 2026 duró lo que una brisa cálida en invierno. Bastó el rechazo de un capítulo para borrar el efecto positivo y reinstalar una sensación incómoda: improvisación. No fue un problema ideológico ni de correlación de fuerzas; fue un error de cálculo; ya no es el primero. La insistencia en incluir artículos políticamente inviables, forzar negociaciones hasta el límite y corregir después a las apuradas expone un patrón preocupante: el Gobierno sigue confundiendo voluntad con capacidad.
Los mercados reaccionaron rápido y sin dramatismo, pero el mensaje fue inequívoco. Hoy no se castigan los números, se observa la gobernabilidad. El programa económico puede ser consistente, pero depende de una arquitectura política frágil. Cada traspié legislativo vuelve a poner en duda algo esencial: si el oficialismo puede convertir convicción en resultados sostenibles.
El frente económico ofrece un contraste incómodo. El Banco Central logró calmar tensiones con el ajuste de bandas cambiarias y un anuncio de acumulación de reservas que ganó tiempo. Pero el tiempo no es un plan. La discrecionalidad sigue reemplazando a reglas claras, y los analistas más indulgentes empiezan a admitir que la paciencia no es infinita.
Mientras tanto, la economía real envía señales que el relato oficial prefiere minimizar. El desempleo baja y el superávit comercial crece, pero el consumo no acompaña. La confianza del consumidor cae donde más importa: en los sectores de menores ingresos y en el interior del país. La recuperación, por ahora, no derrama. Y cuando eso ocurre, el capital político se erosiona más rápido que cualquier indicador financiero.
La postergación de la reforma laboral completa el cuadro. No es una pausa estratégica: es el reconocimiento implícito de que faltó muñeca política. El mensaje al sector privado es ambiguo y el riesgo es claro: sin consensos mínimos, las reformas se anuncian pero no se consolidan.
El Gobierno sigue señalando enemigos externos, herencias recibidas y fantasmas del pasado. Pero el problema ya no es ese. El riesgo actual es autogenerado: shock sin red, negociación deficiente y una peligrosa subestimación del impacto social. La Argentina puede tolerar sacrificios. Lo que no tolera es la sensación de que las decisiones se toman sin cálculo político ni sensibilidad económica.
Cuando los errores se repiten, dejan de ser tal, para convertirse en mala praxis de gestión política. A su vez, cuando el poder confunde audacia con improvisación, el costo no lo paga el mercado: lo paga la sociedad. ¿Nace un nuevo riesgo?.
