La fiscal federal Paloma Ochoa requirió el inicio de una causa penal contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el nombramiento del subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini. El funcionario habría sido directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (IATASA), la empresa que hizo el estudio de impacto ambiental de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. Ahora como funcionario aprobó ese estudio.
En dialogó con el Programa “Primera Mañana”, el abogado ambientalista y denunciante, Enrique Viale explicó de que se trata la causa.
La denuncia, que recayó ante el juez federal Sebastián Ramos, pidió que se investigue si Aranguren, Alonso y Marcolini incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".
En cuanto a las represas Viale dijo que “son un disparate ambiental, económico e institucional”. Y Añadió: “nuestro gran objetivo es que se revise todas estas aprobaciones que se hicieron de manera irregular”.
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