Juntos por el Cambio cuestionó duramente al nuevo protocolo de ciberpatrullaje aprobado en el Boletín Oficial, al considerar que "se dejaría a la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad la facultad de intervenir o denunciar a todo aquel que exprese cualquier crítica u opinión respecto de las medidas dispuestas para contener la Pandemia".
El Gobierno habilitó el protocolo de rastreo en las redes sociales de posibles delitos vinculados a la pandemia, como la ruptura de la cuarentena, o la comercialización de medicamentos apócrifos. Siempre que sea en "medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas".
También se habilita la identificación de eventuales delitos en otras situaciones como trata de personas; narcotráfico; lavado de dinero; terrorismo; violencia de género; grooming; y pornografía infantil.
En un comunicado oficial, la coalición opositora, rechazó el protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad, al considerar que, aunque fue "pensado para buscar en fuentes públicas delitos complejos, como narcotrafico, trata de personas, venta de armas y otros, se ha convertido en un instrumento de vigilancia de la cuarentena y el 'humor social' basándose, en los vistos y considerandos, del DNU de emergencia sanitaria".
En el mismo sentido, criticó que el Gobierno haya derogado el protocolo aprobado bajo la gestión macrista, que "hacía hincapié en el combate al narcotráfico y el crimen organizado y restringía la vigilancia digital solo a los crímenes de alta peligrosidad" para, en cambio "sancionar un protocolo con eje en la vigilancia de la pandemia y el comportamiento de los ciudadanos durante el ASPO".
"No sé cuántos de esos 300 que firmaron estuvieron alguna vez atendiendo pacientes en un hospital público"
La principal fuerza opositora afirmó también que la nueva normativa "excede el marco de las garantías constitucionales en cuanto los ciudadanos son libres de expresar por la vía y medio que deseen sus pensamientos y opiniones", ya que "se dejaría a la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad la facultad de intervenir o denunciar a todo aquel que exprese cualquier crítica u opinión respecto de las medidas dispuestas para contener la Pandemia".
Juntos por el Cambio también lamentó "no haber sido convocado a la mesa de discusión" del protocolo, y remarcó que "organizaciones convocadas, como el CELS ( Centro de Estudios Legales y Sociales), han planteado públicamente sus objeciones y pedidos de derogación parcial del protocolo".
"Desde 1983 las fuerzas que integramos Juntos por el Cambio sostenemos el respeto de los derechos humanos como elemento principal de la lucha contra el delito", sostiene el comunicado. Y agrega que Juntos por el Cambio lamenta "que a través de un protocolo destinado a prevenir el crimen, se avance en acciones riesgosas y discriminatorias contra la población", añade el comunicado opositor.
En ese sentido, expresa que un ciudadano, "ante la amplitud de esta norma, podría autocensurarse por el temor de ser ciberpatrullado a la hora de opinar sobre cuestiones de la vida cotidiana, temores, angustia, o preocupación sobre su economía en el devenir de los casi 80 días de aislamiento".
El texto fue firmado por Alfredo Cornejo ( UCR), Patricia Bullrich ( PRO) y Maximiliano Ferraro ( Coalición Cívica), además de por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, y detalla que fue elaborado "con el apoyo técnico de Silvana Giudici y Karina Banfi".
