Por Lorena Pokoik. Dos elementos recientes convergen para que el gobierno intente profundizar su giro autoritario: el préstamo del FMI, que constituye un apoyo geopolítico y habla del rol de ese organismo y, en paralelo, la caída ininterrumpida de la imagen del gobierno en la consideración popular. Alguien con más apoyo externo que interno se parece peligrosamente a la figura del virrey.
Ese es el trasfondo sobre el que se recorta y sobresale la criptoestafa $Libra, como un escándalo mayor dentro de una realidad escandalosa. No es un hecho aislado sino una radiografía del modo en que gobierna Javier Milei: con impunidad, sin controles y con desprecio por las instituciones democráticas.
Este martes, los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona decidieron no asistir a la interpelación convocada por la Cámara de Diputados, desconociendo groseramente sus obligaciones frente a otro poder del estado que, recordemos, Milei ningunea desde el mismo día de su asunción. La excusa fue tan simple como insultante: “cuestiones de agenda”. Caputo, además, negó todo vínculo con el caso y ofreció responder por escrito.
En consecuencia, lo que estaba en juego no es solo una estafa millonaria que afectó a miles de personas y en la que el propio gobierno promovió y respaldó el criptoactivo, sino el valor mismo del Congreso como poder independiente y la vigencia de los mecanismos de control establecidos por la Constitución.
Sin embargo, la oposición, con fuerza y convicción, logró imponer una nueva citación para el próximo 14 de mayo. Esa decisión no solo es un acto político: es un triunfo de la democracia y su institucionalidad, a diario amenazada por la casa de gobierno y sus socios, porque un gobierno que se rehúsa a rendir cuentas ante el Congreso, rompe el pacto democrático. Y un pueblo que exige respuestas, no está dispuesto a entregar su dignidad.
Apenas asistió Guillermo Francos, pero no pudo explicar quién le envió a Javier Milei el link del contrato del token $LIBRA, ni por qué el Presidente lo difundió sin ninguna consulta previa a los organismos del Estado.
Tampoco respondió qué papel jugaron Mauricio Novelli, Mark Haydn Davis, que afirmó que controlaba a Karina Milei porque le enviaba dinero, o por qué la propia secretaria general de la Presidencia desoyó las advertencias de los verdaderos expertos en criptomonedas, que desaconsejaban tratar con tan dudosos personajes ni por qué el Gobierno niega una estafa que ya perjudicó a más de 75.000 personas.
De las pocas y paupérrimas respuestas oficiales surge una sola conclusión: los únicos que pueden explicar qué pasó con $LIBRA, quiénes se beneficiaron y por qué no hubo controles, son Javier y Karina Milei.
El gobierno está cada día más incómodo con este asunto. Si los funcionarios pretenden proteger a los hermanos Milei, deberán esforzarse mucho más. Y se enfrentarán con la necesidad de esclarecimiento del pueblo, representado por los diputados. La transparencia no se declama: se ejerce. La Comisión Investigadora debe avanzar. El Congreso merece respuestas. El pueblo, también.
