El Gobierno nacional se prepara para traspasar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Registro de Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia (IGJ) a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto es un viejo deseo de Macri, desde que era jefe de Gobierno porteño y busca convertir a la Capital Federal en una suerte de guarida fiscal.
La maniobra de Macri alertó al equipo técnico del Frente de Todos porque puede complicar la transición y si se plasma, puede terminar siendo judicializado ante el fuero Contencioso Administrativo Federal que se perfila a darlo de baja en cuanto el expediente entre bajo análisis.
La propuesta se está analizando y se discute hace semanas, luego de las PASO, pero ahora adquirió el estatus de borrador listo para que la lapicera presidencial lo rubrique. El avance es una decisión política de Cambiemos para dotar de mayores facultades al distrito que será gobernado cuatro años más por Larreta y el reducto hacia donde el PRO se apalancará.
La idea de crear una Inspección General de Justicia autónoma en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires permitirá un registro regulado bajo sus propios criterios para las sociedades jurídicas que se inscriban dentro de los límites de la General Paz. Así, la Capital Federal tendría vía libre para generar un territorio con menores regulaciones y controles para las empresas.
No obstante, la medida encuentra trabas en la autonomía constitucional que posee la jurisdicción capitalina. Pero alertó a opositores y especialistas respecto a las cualidades más laxas que tendrían las regulaciones para inscribir sociedades, lo que habilitaría -denuncian- para que sirva de terreno fértil para el establecimiento de empresas que busquen eludir controles sobre registros más estrictos, como las offshore.
