En enero pasado, la Casa Rosada había tomado una serie de resoluciones que incluían tres decretos -45, 54 y 55/19-, mediante los cuales buscaba convocar a elecciones separadas tanto para los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, como para las personas privadas de su libertad y las fuerzas de seguridad abocadas a custodiar los comicios.

Por entonces, a través de su apoderado, Jorge Landau, el PJ nacional había presentado una nota al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pidiendo explicaciones y exigiendo la convocatoria al Consejo de Seguimiento de Procesos Electorales.

“Primera Mañana” dialogó con Landau para conocer en detalle los reclamos que presentó el PJ, quien afirmó : “Como son todas cuestiones que deben resolverse por Ley y no por decreto ya arrancamos mal”. Y agregó: “haciéndolo en el mes de enero cuando ya está iniciado el cronograma electoral también agrava la situación”.

En ese sentido, el apoderado  del PJ nacional explicó además, que los Decretos de Necesidad y Urgencia “ están prohibido específicamente para la materia electoral”.

El 22 de febrero, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, convocó a los apoderados de todas las fuerzas políticas a una reunión e informó sobre una batería de medidas electorales que incluían la contratación e implementación de un nuevo sistema mediante el escaneo de telegramas para llevar adelante el conteo de los votos desde cada escuela, así como también, el contenido de los decretos mencionados, que daban cuenta sobre la votación de los residentes en el exterior, los presos y las fuerzas de seguridad.

Los representantes de los partidos políticos rechazaron las modificaciones, lo que derivó en una convocatoria de la Cámara Nacional Electoral, cuyos integrantes, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, se comprometieron a emitir una acordada para dejar en claro que no se tocarían las reglas que el Código Electoral exige para los comicios.

   La CNE emitió una acordada en la que ratificó el sistema habitual para la fiscalización y control de los comicios en cada escuela, así como la utilización de las habituales actas y telegramas.

Consultado por que cuestiona la implementación de la tecnología en los comicios, Landau fue claro:  “Los valores que nosotros levantamos es la seguridad de la elección, el sistema electoral argentino es un muy buen sistema”.

“Desde el año 1983, en la práctica de los últimos 35 años de vida institucional, ninguno de los presidentes que ha surgido, lo ha hecho con dudas respecto a la legitimidad de su origen”, ejemplificó.

En referencia a si ante las modificaciones en las reglas electorales se teme por el fraude, el representante justicialista  aseveró: “Más que un fraude, crear las condiciones para que un fraude pueda realizarse”. Y agregó: “Lo que hay que hacer es seguir manteniendo las condiciones en las cuales la voluntad popular se expresa”.

En tanto, el último lunes, el Poder Ejecutivo dio a conocer en el Boletín Oficial el decreto 233/19, en el que entre otras cosas, consideró "pertinente disponer" que los decretos simples 54 y 55/19 "sean de aplicación a partir de los próximos comicios del año 2021".

El decreto 54 apuntaba a permitir el voto de las personas privadas de su libertad y el 55 de los militares y efectivos policiales abocados a la custodia del acto eleccionario, mientras que el 45 se refiere a permitir a los residentes en el extranjero emitir su voto por correo, remitiéndolo a las sedes consulares.

“Lo cierto es que el decreto sigue siendo institucional y nosotros vamos a demandar su anulación”,  puntualizó Landau.

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