Los organismos de derechos humanos difundieron un documento en el que analizaron la situación sanitaria del país ocasionada por la pandemia del coronavirus y manifestaron su preocupación en torno al accionar represivo de sectores de las fuerzas de seguridad en distintas provincias y municipios.
Las organizaciones firmantes fueron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, Liga por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
En el caso de la situación sanitaria, los organismos consideraron que el gobierno de Alberto Fernández “actuó sin demoras” y “generó rápidamente una respuesta y un plan riguroso de salud pública, destinado a proteger la vida del conjunto de la población”.
A su vez, celebraron las medidas económicas de emergencia dispuestas por el Presidente “en favor de los sectores sociales postergados, tendientes a transferir recursos a quienes viven por debajo de la línea de pobreza o en la indigencia, o bien se encuentran desocupados, o cuentan con trabajos precarios, igual que a los cuentapropistas de más bajos ingresos”.
Por otro lado, los organismos señalaron su preocupación por los casos de violencia institucional en el marco del aislamiento social.
“En distintas provincias y municipios detectamos situaciones que vulneran los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, tanto locales como nacionales”, indicaron y agregaron: “Estas prácticas abusivas, muchas de ellas inhumanas, crueles y degradantes, violatorias de los tratados internacionales de derechos humanos de los que la Argentina es parte, se han constatado a partir de denuncias y en algunos casos con registros fílmicos, tanto en la vía pública como en dependencias policiales y carcelarias, detenciones ilegales”.
Según señalaron los organismos, hasta el momento se han documentado este tipo de violaciones en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Chubut, Río Negro, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.
“En la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, se registra al menos una denuncia por día por hechos de violencia institucional: amenazas, malos tratos, detenciones arbitrarias, golpes y la utilización de gas pimienta”, denunciaron.
“Repudiamos el accionar represivo de sectores de las Fuerzas de Seguridad y exigimos el cese de las prácticas punitivas y la violencia institucional que padecen nuestros compatriotas. Exhortamos a que se respeten los derechos humanos y que se construyan formas solidarias de cuidarnos entre toda la población en esta situación de crisis mundial”, concluyeron.