Por el impacto del fuerte parate económico que impuso la pandemia de Covid-19 en los sectores más vulnerables de la población, estimaciones privadas basadas en los datos oficiales disponibles advirtieron que la pobreza alcanzó el 39,3% en el “semestre móvil” noviembre-abril.
El incremento, de casi cuatro puntos frente al 35,5% que midió el organismo estadístico en la segunda mitad de 2019, fue amortiguado por la batería de medidas de asistencia social desplegadas por el Gobierno.
Pero ante el avance de los acuerdos sectoriales de rebajas salariales y la caída de los ingresos de los trabajadores cuentapropistas e informales, la expectativa es que los indicadores sociales profundicen su deterioro en los próximos meses. Por caso, el 87,7% de las familias quedó endeudada en mayo.
Tras la publicación de las mediciones oficiales de la inflación y la variación de las canastas básicas alimentaria y total del mes pasado, el econometrista Martín Rozada actualizó su estimación de la incidencia de la pobreza para el semestre noviembre-abril y la ubicó en 39,3%, por encima del 37,7% que había calculado para el período octubre-marzo ante la profundización del impacto de la cuarentena.
El Indec no publica esta información sino que mide la evolución de los indicadores sociales en cada semestre calendario. Su próximo dato, el de la primera mitad de 2020, se conocerá recién en septiembre.
La gestión de Mauricio Macri se despidió con un 35,5% de pobreza luego de que en sus cuatro años de mandato unos 3,9 millones de argentinos pasaran a ser pobres (no hay dato oficial del segundo semestre de 2015 pero una estimación de Daniel Schteingart, Federico Favata y Guido Zack la ubica en 26,9%) a raíz del desplome promedio del 20% del salario real. De acuerdo a la estimación de Rozada, que suele aproximarse mucho a la medición oficial, la pobreza creció 3,8 puntos desde fines del año pasado.
Esto significa que en cuatro meses el país habría sumado 1,7 millón de nuevos pobres.
El paquete de asistencia del Gobierno amortiguó el impacto social de la coronacrisis, fundamentalmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el salario complementario. Según cálculos del Ministerio de Economía, evitaron el ingreso en la pobreza de 2,1 millones de personas y la caída en la indigencia de 2,7 millones.
Pero los recortes salariales en distintos sectores bajo el paraguas del acuerdo CGT-UIA que homologó el Ministerio de Trabajo tensiona en el sentido contrario. De acuerdo a cómo resulte su impacto en lo que resta del semestre, Rozada trazó tres escenarios posibles para la tasa de pobreza en la primera mitad de 2020: el optimista, que no considera esa variable, la dejaría en 40,1%; el moderado, que toma como parámetro el impacto de la recesión de 2009, en 42,7%; y el pesimista, que supone un deterioro de semejantes proporciones al de 2001-2002, en 54,2%.