Tras el polémico anuncio, buscan prohibir el uso de las pistolas eléctricas Taser en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una iniciativa de la Diputada provincial de Unidad Ciudadana, Susana González, en donde advierte sobre el carácter potencialmente letal de las pistolas eléctricas Taser aprobadas por el Gobierno Nacional, y rechaza su utilización.

El proyecto fue presentado el viernes pasado, luego de que el Gobierno Nacional aprobará el uso de armas eléctricas Taser que utilizaría la policía Federal.


Diputada provincial, Susana González


Se trata de una iniciativa realizada por la legisladora de Unidad Ciudadana, Susana González, que busca prohibir el uso de pistolas eléctricas Taser.
En este sentido, la diputada  alerta sobre el “Carácter potencialmente letal” y rechaza su uso al considerar que “el poder político no controla en su totalidad a las fuerzas de seguridad, siendo los excesos una constante en cada manifestación pública donde se reclamen derechos vulnerados”.
“Estamos convencidos que en democracia las fuerzas de seguridad deben contener un control ciudadano en materia de políticas represivas y coactivas”.


Asimismo, la diputada y ex secretaria de Seguridad de Ensenada, sostuvo que “en el marco de un país y una provincia donde acabadamente se ha demostrado un exceso de la fuerza policial, el uso inadecuado de estas armas que administran una descarga de unos 50 mil voltios, lejos de ser utilizadas como un elemento disuasorio pueden constituir la legalización de una herramienta para consolidar excesos sin rastros visibles”.


Cabe mencionar que el pasado 7 de mayo, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó la resolución 395/2019 que se establece que las fuerzas de seguridad podrán usar estas armas con los siguientes objetivos:
a) Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse.
b) Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.
c) Para impedir la comisión de un delito de acción pública.


Entre los argumentos de la resolución, se hace hincapié en que el uso de las Taser les da a las fuerzas policiales "una opción táctica adicional".