Unas trescientas organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos emitieron un comunicado en el que manifiestan: “Nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basado en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medioambiente y la soberanía alimentaria”.
Según la resolución provincial, a partir del 1° de enero de este año se incorporan dentro de la zona de amortiguamiento “lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales”.
Pese a que la resolución 246-MAGP-18 (firmada por el ministro de Agroindustria de la provincia y ex CEO de Monsanto, Leonardo Sarquis), fue aprobada el 17 de octubre, recién se dio a conocer el 17 de diciembre en el Boletín Oficial N° 28422 de PBA, del que InfoGEI diera cuenta la semana posterior, en el marco de un blindaje mediático a la gobernador Vidal.
La resolución de Vidal, autoriza la “fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la Provincia de Buenos Aires, sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”, señalaron las organizaciones, agregando que “El único límite a la aplicación de agrotóxicos de acuerdo a la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar”, como si el veneno esparcido dejara de tener efecto de inmediato de aplicado.
