El coronavirus no es una causa jurídica que justifique liberar peligrosos delincuentes encubiertos bajo el traje de pertenecer sanitariamente a grupos de riesgo.
Me pregunto, si acaso no estaremos entrando en el túnel peligroso de los indignados y que esto termine en una suerte de "ley de la selva" o "cazando gente", como dijo el padre de una de las víctimas por violación. En la mirada del común de la gente, la Justicia está atravesando por su momento más tormentoso. Por esa razón, anoche se registró el cacerolazo más largo de los últimos tiempos en todos los rincones del país.
La gente dijo ¡basta! a la liberación de presos. Tal vez ahora, aquellos magistrados, a los que debería caérsele la cara de vergüenza, por haber mandado a la calle a temibles delincuentes, hagan una lectura fina de la contundencia de este mensaje.
Lo que han logrado los jueces garantistas, es despertar las voces angustiadas de miles de familiares de las víctimas a los que les interrumpieron la cuarentena, abriéndoles las heridas del pasado. No es ni más ni menos, que la expresión de gente de paz frente al miedo que les golpea a las puertas de sus hogares.
En esta coyuntura, resulta necesario separar la paja del trigo y despojar a la polémica ardiente, de cualquier tinte político. Es de vital importancia, entender que el reclamo es un grito ciudadano que no apunta a otra cuestión que preservar la vida. El fiscal bonaerense Marcelo Romero dijo que la liberación de presos “ fue fogoneada por funcionarios del Ejecutivo, por más que se enoje el Gobernador de la provincia de Buenos Aires”.
Aseguró además que le sorprende “que a ningún funcionario o a alguno de los genios de ahí en el poder se les haya ocurrido consultar a los médicos o sanitaristas, o armar un hospital de campaña en los patios de las cárceles, usar los instituto de formación de los Servicios Penitenciarios o las unidades militares en desuso. No hay que ser un experto de Naciones Unidas para pensar en soluciones alternativas a una libertad masiva”.
EL CAMINO DE LA LEY DE LA SELVA
En el mientras tanto, hay expresiones que emergen con singular virulencia y preocupan. “Si no hay justicia, tendremos que salir a cazar gente”, fue la amenaza de un padre ante el pedido de prisión domiciliaria del violador de su hijo.
Es la historia de un niño de Bahía Blanca que fue abusado a los 7 años por un catequista y policía llamado José Luis Andersen, quien cumple una condena de 20 años que no está firme y, según el progenitor de la víctima, ahora pide que le concedan el beneficio para salir de la cárcel (foto).
El grado de aprovechamiento judicial es tal, que se ha llegado al colmo que el sacerdote Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, también se subiera al tren de la impunidad para pedir la prisión domiciliaria con la excusa del coronavirus, según confirmó Juan Pablo Gallardoo, histórico querellante en la causa.
Gallardo reveló que la defensa del cura presentó un pedido aludiendo una afección respiratoria; tiene miedo de contagiarse la enfermedad, ya que en el penal de Campana, donde está detenido hace seis años, se registró un caso positivo de Covid-19.
En Esquel también hubo un intento de linchamiento de un individuo que estaba preso por secuestro, le otorgaron la prisión domiciliaria y los vecinos lo esperaron en la puerta de su casa para golpearlo. El protagonista de la historia fue Pablo Sommaruga, que fue condenado en 2004 a 18 años de prisión y el 27 de abril un juez le concedió el beneficio.
Otro hecho que provocó indignación fue el de un sujeto que robó una heladería, la Policía lo detuvo y descubrieron que había sido excarcelado 24 horas antes. Se trata de Federico Benvenuto, de 33 años, que estaba preso en la cárcel de Marcos Paz. “Llevame, igual mañana me voy de nuevo”, les dijo a los agentes tras ser capturado por robar un local en Almagro.
La ciudad de Buenos Aires también contabilizó otro suceso preocupante, el de un delincuente que fue liberado recientemente por la excusa del coronavirus volvió a ser detenido hace horas luego de que integrantes de su familia llamaran al 911 para denunciarlo porque los había agredido físicamente. Este individuo, estaba cumpliendo una condena por robo y violencia de género y se recibió una denuncia en el 911 porque golpeó a sus sobrinos.
EL ENOJO DE LA MINISTRA LOSARDO
Si bien los números oficiales indican que el otorgamiento de las excarcelaciones no es indiscriminado, algunas libertades provocaron un enorme repudio. Es el caso de abusadores sexuales, femicidas, represores y estafadores que, pese a tener condenas elevadas, fueron beneficiados con arresto domiciliario al menos hasta que termine la emergencia sanitaria.
La propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, mostró su disgusto frente a la actitud irresponsable de algunos jueces.“A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al presidente tampoco. Somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho y entendemos lo que les pasa a las víctimas”, planteó la funcionaria en línea con lo que había manifestado el Presidente de la Nación. Pese a ello, solicitó no “magnificar las cosas” e informó que desde el 1° de marzo hasta el 21 de abril hubo 320 presos en el sistema federal que recibieron distintos beneficio en virtud de la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia de coronavirus.
En cambio, en la provincia de Buenos Aires, son 1.400 los que ya consiguieron la domiciliaria y el número podría trepar a 1.800, según fuentes judiciales.
FUNCIONARIOS COIMEROS Y ABUSADORES
Las salidas que meten miedo, comenzaron a motorizarse pocas horas después del decreto que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país. Uno de los primeros en dejar la cárcel fue el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso (61), condenado a 13 años de prisión por haber recibido pagos a cambio de beneficiar a narcotraficantes.
La decisión la adoptó el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Salta porque el ex magistrado es diabético y está en los grupos de riesgo. Como en la mayoría de los casos -conviene aclarar- se trata de una medida excepcional y temporaria. En este caso rige por sesenta días. Vencido ese plazo el ex juez salteño deberá regresar a su lugar de detención.
El mismo día que Reynoso volvió a su casa el TOF N° 5 de San Martín firmó la salida de un abusador sexual que estaba detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Se trata de Miguel Angel Holotte, un criminal sexual condenado a seis años de prisión.
Los argumentos que expuso su defensor -y que los jueces avalaron- describen un cuadro grave de salud: "Insuficiencia renal, cardiopatía, anemia e hiperlapsia prostástica", entre otras complicaciones. En el fallo, los jueces pidieron que su vigilancia sea "mediante un dispositivo electrónico de control" porque temen que pueda fugarse.
El caso de Pedro Olmos (68) es, probablemente, el que más revuelo generó en la opinión pública porque el presunto abusador regresó al barrio en el que atacó a su víctima, una nena de 13 años a la que supuestamente sometió en un cumpleaños familiar.
Olmos fue apresado en septiembre del año pasado después de permanecer prófugo durante cinco meses, un antecedente que generalmente condiciona cualquier pedido de libertad anticipada.
La Cámara de Casación Penal bonaerense ordenó su salida de prisión porque el acusado es mayor de 65 años, padece hipertensión y osteoporosis. Víctor Violini explicó que Olmos está postrado en una cama y que además se encuentra bajo arresto domiciliario. Por eso lo dejó salir. Otro violador que regresó a su casa por la excusa del coronavirus es Jorge Lucero, condenado a la pena de 11 años y 9 meses por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en un hecho ocurrido en 2016. Según su ficha carcelaria debería recuperar su libertad dentro de seis años.
También fue alcanzado por el efecto coronavirus el abusador Antonio Armando Di Palma (57), quien salió apenas seis meses después de haber sido detenido. La acusación que pesa sobre él es grave: "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal", pero el cuadro de hipertensión y diabetes que padece, sumado al riesgo de contagio de Covid-19, le permitió volver a su casa mucho antes de lo que hubiese imaginado.
Como otros tantos convictos, el coronavirus llegó para aliviar su condición de detención, al menos hasta que termine esta emergencia sanitaria.
Y DE YAPA, PREMIO A REPRESORES
Hasta los propios organismos de Derechos Humanos están que trinan, porque dentro de la categoría represores figuran varios sujetos de frondoso prontuario. Uno de ellos, es el ex policía Carlos Reinhart (65) que salió a principio de abril. Estaba en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal, de La Pampa, donde cumplía una doble condena, a 20 años y 14 de prisión, tras comprobarse que aplicaba la picana eléctrica durante las sesiones de tortura en la Seccional Primera de la Policía de esa provincia.
El ex miembro de la inteligencia policial de Rosario, Lucio Nast, de 66 años y con una condena a 22, está en su casa porque la Cámara Federal de Casación Penal entendió que corría riesgo su vida.
En Mar del Plata despertó un enorme repudio la excarcelación del femicida Héctor Barroso (62), preso en el penal de Batán por haber asesinado a dos mujeres en agosto de 2004. Barroso cumple una pena de 25 años de prisión. Su condición de hipertenso, que aumenta la letalidad en el caso de infectarse de coronavirus, le permitió salir por un tiempo de prisión.
En Mendoza, Diego Arduino (30), un asesino que lleva catorce años encerrado por el crimen del comunicador social Alejo Huanu, dejó el encierro pese a que en febrero pasado le habían rechazado el pedido de libertad condicional. Igual beneficio recibieron el presunto narco César Montiveros (54), detenido desde el año con dos kilos de cocaína, y el ex profesor de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Cuyo, Mario Aguirre (67), sospechado de abusar de seis alumnas.
Mientras esto acontece, han empezado a tomar estado público algunos episodios de justicia por mano propia, que encienden luces rojas. Por el momento, en el penal de Devoto se estableció una tregua con las autoridades hasta la semana próxima, pero la bomba no ha sido desactivada, reconocen las fuentes penitenciarias. Frente a este escenario, el clamor ciudadano crece peligrosamente con las horas y las esquirlas pueden impactar de manera conmocionante en el tejido social.
La Justicia tiene la obligación de calmar las aguas. Es hora de que los magistrados garantistas se pongan del lado de los buenos.
